Ante la «creciente criminalización y acoso a niños y niñas que viven en centros de acogida impulsada en los últimos meses por grupos de ultraderecha», la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) ha solicitado esta mañana a la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, que su gobierno «impulse las reformas legislativas necesarias para prohibir las protestas ante centros residenciales de menores con el fin de garantizar los derechos e integridad de los chavales».
En una reunión que ha tenido lugar en la sede del Ministerio, el presidente de la organización vecinal, Jorge Nacarino, ha sugerido la introducción de modificaciones en normas como la Ley de Seguridad Ciudadana o el Código Penal que incluyan castigos a aquellas personas o grupos que promuevan ante este tipo de establecimientos concentraciones, manifestaciones y otros actos públicos dirigidos contra los menores.
Esto «serviría para reforzar» la actual Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, que busca «asegurar y promover el respeto de su dignidad humana e integridad física y psicológica, mediante la prevención de toda forma de violencia».
Tal y como recoge esta norma en su preámbulo, «la protección de las personas menores de edad es una obligación prioritaria de los poderes públicos, reconocida en el artículo 39 de la Constitución Española y en diversos tratados internacionales» entre los que destaca la Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989 y ratificada por España en 1990.
El presidente de la FRAVM, que en el encuentro ha estado acompañado por el miembro de la directiva de la federación Julio López de la Sen, ha sugerido a la ministra» seguir la estela empleada para frenar el acoso a mujeres» que acuden a clínicas para la interrupción voluntaria del embarazo, que cristalizó en una reforma del Código Penal que fue avalada por el Tribunal Constitucional el año pasado.
«Ya está bien de que determinados grupos que defienden ideas racistas, xenófobas y fascistas y son abiertamente antidemocráticos continúen acosando, intimidando, criminalizando y denigrando a niños y niñas de estos centros, uno de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad. Nuestro deber es protegerles y defender su dignidad y su futuro, por eso hemos pedido a la ministra que el Gobierno central promueva cambios legislativos en este sentido», ha indicado Nacarino al término de la reunión.
La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, por su parte, ha denunciado “la criminalización” de las personas migrantes y ha garantizado que “el Gobierno protegerá a las personas más vulnerables del racismo y la xenofobia”.
El encuentro, que había sido acordado el pasado 25 de agosto, se ha producido un día después de que la Delegación del Gobierno en Madrid impidiese a Vox celebrar una concentración de protesta ante el Centro de Primera Acogida Hortaleza que, como otras veces, había comunicado como una simple comparecencia de prensa.
«Afortunadamente, ha sucedido lo mismo que el pasado mes de mayo, cuando el colectivo neonazi Núcleo Nacional trató de organizar una manifestación contra los menores inmigrantes hasta ese establecimiento», han incidido. Delegación de Gobierno priorizó entonces «la protección de los menores residentes y tutelados en dicho centro ante el hostigamiento y el odio de los ultras”. Ayer Vox realizó finalmente declaraciones ante los medios, pero a más de 100 metros de distancia del centro de menores.
«El partido de extrema derecha ha aprovechado una vez más una tragedia abominable, la violación de una joven en un parque de Hortaleza presuntamente por un usuario de ese centro que gestiona la Comunidad de Madrid, para arremeter contra los menores extranjeros no acompañados, auténtico chivo expiatorio de los males de nuestro país para la formación de Santiago Abascal», han denunciado.
La FRAVM «se solidariza con la víctima de la agresión sexual y pide que caiga todo el peso de la ley sobre su responsable». Al mismo tiempo, condena «el ataque cometido por un grupo de encapuchados contra varios menores del centro de acogida de Hortaleza sucedido el pasado domingo», y espera que «pronto sean detenidos y juzgados por ello».
«No podemos permitir que grupos abiertamente antidemocráticos extiendan su odio contra niños y niñas, sean o no de origen extranjero, tengan o no tengan familia en nuestro país. El Estado democrático tiene el deber de protegerlos y de protegerse a sí mismo ante la actual oleada reaccionaria que quiere ponerlo en peligro, atentando contra pilares fundamentales de nuestra sociedad, como son los derechos y la integridad de nuestros menores», concluyen desde la FRAVM.
