El 30 de abril se conmemora el Día Internacional de las Víctimas del Amianto, una fecha que pone sobre la mesa una realidad incómoda y a menudo ignorada: la presencia extendida de este material cancerígeno de primer orden en edificios, instalaciones públicas y privadas, e infraestructuras de numerosos municipios de la Comunidad de Madrid y de todo el país.
Aprovechando esta jornada, la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), con el apoyo de la Confederación Estatal de Asociaciones Vecinales (CEAV), demanda la aprobación de una ley regional para la erradicación del amianto. Para ello, pide al Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso que «tome la iniciativa y siga el ejemplo del Gobierno catalán, que el pasado mes de diciembre aprobó un proyecto de Ley para la Erradicación del Amianto en Cataluña, una norma que busca crear un único marco normativo para abordar de manera integral el problema y acelerar la retirada de este material nocivo para la salud». El 26 de marzo, el Parlament aprobó la tramitación del proyecto de ley, de tal forma que esperamos que muy pronto Cataluña cuente con una ley pionera en España y en Europa. «Nuestra comunidad podría perfectamente seguir esa estela legislativa», subrayan.
Pese a que su uso, comercialización y producción están prohibidos en España desde 2002, los efectos del amianto «siguen vigentes y su presencia representa un riesgo sanitario dado que el amianto fue ampliamente usado durante épocas por su resistencia al calor, su durabilidad y su bajo coste, siendo una de las principales en la fabricación de fibrocemento (uralita), utilizándose especialmente en la construcción: tejados, bajantes, depósitos de agua, techos, paneles o suelos, entre otros elementos».
Sin embargo, «su aparente beneficio escondía un precio devastador para la salud porque la inhalación de las fibras microscópicas que se desprenden de los materiales con amianto por su deterioro con el paso del tiempo y factores atmosféricos o manipulación se incrustan en los pulmones», pudiendo provocar enfermedades graves como la asbestosis (una fibrosis pulmonar irreversible), el mesotelioma (un tipo agresivo de cáncer que afecta a la pleura o al peritoneo), y diversos tipos de cáncer pulmonar, convirtiéndose de hecho en un “asesino lento y silencioso” que no produce efectos inmediatos, pero por su latencia, su resultado puede tardar entre 20 y 40 años en manifestarse clínicamente.
Los datos son concluyentes: la Unión Europea estima que, hasta 2030, se producirán medio millón de muertes por cáncer debido a la exposición al amianto, o que, en el Reino Unido, con datos contrastados, cada cuatro horas fallece una persona a causa del amianto. En España carecemos de estadísticas rigurosas, a pesar de que la Organización Mundial de la Salud señala que cada año se registran entre 20.000 y 30.000 casos de enfermedades relacionadas con el amianto y hay más de 107.000 muertes en el mundo cada año producto de su exposición.
La UE ha establecido el año 2032 para la retirada del amianto de los municipios y el 2028 para los edificios y espacios públicos. La española Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular obligaba a los municipios a realizar, antes de 2023, un censo del amianto y un calendario para su retirada, «una obligación que muchos municipios de nuestra región aun no han cumplido».
En la Comunidad de Madrid, la FRAVM, Madrid sin Amianto, la FAPA Giner de los Ríos, CCOO, UGT, la Asociación Víctimas del Amianto y grupos políticos de la oposición pusieron en marcha en el año 2021 una plataforma para impulsar la erradicación del amianto en toda la región, pues la Comunidad de Madrid «no es una excepción, y hoy podemos verlo a simple vista, muchas veces deteriorado (lo que lo hace más peligroso) en centros de trabajo, polígonos, almacenes y escombreras ilegales, pero también en centenares de bloques de viviendas de barrios como San Pascual, Vicálvaro o el Poblado Dirigido de Fuencarral, en Madrid, en Leganés, y en colegios, institutos, polideportivos, hospitales y otros equipamientos públicos en toda la región. A esto hay que añadir la proliferación de vertidos clandestinos de amianto que contaminan el aire y suelos por toda la geografía madrileña».
La plataforma promovió primero una proposición de Ley de Erradicación Segura del Amianto de la Comunidad de Madrid y luego, de forma más específica, una Proposición No de Ley (PNL) para la retirada del amianto de los centros educativos de la región que fue presentada por los grupos de izquierda en noviembre de 2021 en la Asamblea de Madrid. Cuatro meses después, en marzo de 2022, el parlamento regional aprobó esa PNL, que incluye la elaboración de un Plan Director para la Eliminación del Amianto en la Comunidad de Madrid, la realización un inventario de los centros educativos afectados por amianto y la inclusión en los presupuestos autonómicos de partidas suficientes para el desarrollo de estas medidas. La proposición también establece la aprobación de un Plan de Desamiantado «para proceder a la retirada segura del amianto de las instalaciones escolares afectadas en un plazo no superior a dos años». Aunque desde entonces se ha retirado el amianto de algunos centros educativos, «muchos lo conservan aún y la mayoría de los puntos de la PNL siguen sin ejecutarse».
