El Ayuntamiento de Madrid presentó el pasado mes de octubre una reclamación de responsabilidad patrimonial solicitando al Gobierno de la nación una indemnización por los daños ocasionados por «los pronunciamientos judiciales y la inactividad» del Ejecutivo central, encabezado por Pedro Sánchez, tras las sucesivas sentencias referidas al Impuesto sobre el incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), más conocido como plusvalía.
El 14 de noviembre de 2023, el Consejo de Ministros desestimó la reclamación de responsabilidad patrimonial presentada por el Ayuntamiento de Madrid. Como respuesta a esta desestimación, la Junta de Gobierno autorizó el pasado 21 de diciembre a la delegada de Economía, Innovación y Hacienda, Engracia Hidalgo, a iniciar acciones judiciales mediante la interposición de un recurso contencioso-administrativo directamente ante el Tribunal Supremo.
En el año 2018, el Gobierno municipal ya presentó una reclamación de responsabilidad patrimonial en términos muy similares a la registrada por el actual equipo municipal, reclamando al Estado 810.481 euros, reclamación que fue también denegada por el Consejo de Ministros en el año 2020, cuya decisión no fue recurrida. En esa fecha no se contaba con las posteriores sentencias en las que «se ponen de manifiesto los efectos de la inacción del Gobierno de España, como ocurre en la actualidad».
La cantidad reclamada por el Gobierno de la capital asciende a 713,3 millones de euros. De este total, 530,1 millones se corresponden con daños producidos directamente por la inconstitucionalidad declarada por la sentencia (daños producidos a partir del 26 de octubre de 2021), así como los anteriores a dicha fecha ocasionados por la inactividad del legislador estatal. Los 183,2 millones de euros restantes reflejan el importe aproximado al que ascenderán las anulaciones de derechos que habrá que realizar, así como las devoluciones de ingresos indebidos aún pendientes.
«Inacción del Gobierno central»
Las diversas sentencias del Tribunal Constitucional desde 2017 sobre el impuesto de plusvalía y la falta de actuación del Gobierno de la nación para promover un marco legal adecuado a su doctrina durante mucho tiempo -hasta la aprobación unilateral y urgente del Real Decreto Ley de 8/11/2021, dictado cuando ya se hizo imposible seguir liquidando el impuesto- han provocado una notable reducción de la capacidad recaudatoria de este tributo, que se suma a las cantidades que han de devolverse por las diferentes sentencias. Así, se estima que los municipios españoles perderán casi 4.000 millones de euros por estas decisiones que, en buena lógica, deberían ser compensados por el Estado.
El Ayuntamiento de Madrid ha promovido diversas iniciativas a través de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para que el Ministerio de Hacienda abone a las entidades locales la compensación por estos daños. La propuesta liderada por Madrid fue respaldada por la Comisión de Haciendas y Financiación Local de la FEMP. Esta iniciativa fue aprobada en la Junta de Gobierno de la FEMP del 29 de marzo de 2022.
«La nula acogida del Gobierno de la nación de las propuestas realizadas para negociar la forma de compensación de los daños provocados es lo que ha hecho que el Ayuntamiento de Madrid busque fórmulas alternativas para mitigar estos perjuicios», demandan.
Una de las prioridades del Ayuntamiento de Madrid, inciden, «ha sido no trasladar a los ciudadanos la situación de inseguridad jurídica generada por esta falta de respuesta del ejecutivo de la nación, por lo que en los últimos años se han agilizado las devoluciones del impuesto de plusvalía a los contribuyentes como consecuencia de los recursos y las sentencias citadas». A fecha actual y partiendo del año 2018, ya se han devuelto más de 400 millones de euros, una cuantía que se incrementará con las nuevas devoluciones que se vayan realizando.
