La Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid ha acordado fijar en un mínimo del 4,25 % los contratos públicos que los órganos de contratación municipales reservarán en 2027 para los centros especiales de empleo de iniciativa social y las empresas de inserción. Este porcentaje supone, en términos de importes estimados, una reserva mínima de 7 millones de euros. La medida favorece la contratación pública inclusiva, el fomento del empleo y la participación social de personas con discapacidad y colectivos con dificultades de empleabilidad.
El porcentaje de reserva se eleva un 0,25 % y la cantidad mínima reservada se incrementa en 400.000 euros respecto a 2026. Se trata de unas referencias mínimas, lo que significa que los contratos finalmente reservados para su adjudicación por los diferentes centros gestores y órganos de contratación municipales —Ayuntamiento, organismos autónomos y empresas del sector público— pueden superar este porcentaje. Así ocurre desde 2019, año en el que se fijó el porcentaje mínimo de reserva en el 2 % y el importe en 2,4 millones de euros.
Tras la aprobación de este acuerdo y antes de final de año, mediante decreto de la titular del Área de Economía, Innovación y Hacienda, Engracia Hidalgo, se fijarán las directrices y se aprobará el plan con la relación de contratos para los que se prevé la reserva.
Cerca de 65 millones de euros y 368 contratos desde 2019
En cumplimiento de los acuerdos anuales de reserva de contratos, desde 2019 los centros especiales de empleo de iniciativa social y las empresas de inserción han ejecutado 368 contratos municipales contemplados en sus respectivos planes anuales, por un importe superior a 64,7 millones de euros.
El rango de actividades desarrolladas fruto de estos contratos abarca servicios de limpieza, jardinería, recogida y reciclaje, lavandería, hostelería y catering, servicios de imprenta, almacenamiento y reparto o trabajos administrativos y auxiliares, entre otros.
En 2026, el plan de reserva aprobado por el área económica municipal posterior a la fijación del porcentaje mínimo contempló contratos por un importe agregado superior a 9,6 millones de euros. Esta dotación proporciona una holgura suficiente para garantizar el cumplimiento del porcentaje mínimo de reserva del 4 % establecido para este año, tal y como reflejan los informes de seguimiento del propio plan.
Centros especiales de empleo de iniciativa social y empresas de inserción
Los centros especiales de empleo de iniciativa social están regulados en el texto refundido de la Ley general de derechos de las personas con discapacidad y de inclusión social, aprobada mediante Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre. Son empresas con un mínimo del 70 % de la plantilla formada por personas con discapacidad y, además, son promovidas y participadas en más de un 50 % por una o varias entidades sin ánimo de lucro o que tengan reconocido su carácter social en los estatutos. Estos centros están obligados a la reinversión íntegra de sus beneficios en la creación de oportunidades de empleo para personas con discapacidad y en la mejora de su actividad de economía social, además de poder reinvertir en sus propias instalaciones o en otras análogas.
Las empresas de inserción, por su parte, se definen en la Ley 44/2007, de 13 de diciembre, para la regulación del régimen de las empresas de inserción, como aquellas sociedades mercantiles o cooperativas que se dedican a la producción de bienes y servicios cuyo objeto social tiene como fin la integración y formación sociolaboral de personas en situación de exclusión social como tránsito al empleo ordinario. Han de estar promovidas o participadas por entidades sin ánimo de lucro y mantener anualmente un porcentaje mínimo estipulado de trabajadores en proceso de inserción, además de aplicar al menos el 80 % de sus resultados en mejorar o ampliar sus estructuras productivas y de inserción.
