La Asamblea de Madrid ha interpuesto ante el Tribunal Constitucional un recurso contra el nuevo impuesto de Solidaridad de las Grandes Fortunas del Gobierno central cumpliendo así con el mandato del Pleno, que en su sesión del pasado 2 de marzo respaldó dicha iniciativa, propuesta por la Mesa a instancia del Grupo Popular (PP) y que recibió el apoyo del Grupo de Vox.
La Cámara regional madrileña considera que el tributo estatal ya en vigor «vulnera la autonomía financiera de la Comunidad de Madrid, al dejar sin efecto la bonificación del impuesto sobre el patrimonio que recoge la normativa regional», conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), que reconoce la potestad de estas para gestionar los tributos cedidos por el Estado.
El Parlamento madrileño tilda de «fraudulenta» la tramitación de la nueva carga fiscal, argumentando que fue introducida a través de una enmienda que «no guardaba relación con el texto enmendado» y «eliminaba la posibilidad de que se debatiera en el Pleno de la Cámara».
También se expone que el impuesto viola el «principio de igualdad que ha de inspirar el sistema tributario, al establecer un diferente tratamiento jurídico de los ciudadanos, que no atiende a la capacidad económica del sujeto pasivo sino a la residencia fiscal» ante «la diferente regulación existente en las Comunidades Autónomas».
Finalmente, se vulneraría el principio de seguridad jurídica ya el nuevo tributo entró en vigor el 29 de diciembre de 2022, tres días antes del devengo. Desde la Asamblea de Madrid se señala que el carácter retroactivo de la norma no permite «el conocimiento efectivo de las normas válidas y vigentes por los sujetos pasivos del Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas».
