El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha fijado para este jueves, 16 de febrero, a las 11:00 horas, el juicio de los rastreadores COVID de Salud Pública contra el Gobierno de la Comunidad de Madrid por su incorporación irregular tras la sentencia de despido nulo que emitió dicho tribunal.
CCOO Sanidad Madrid ha convocado a las 10:00 horas una movilización ante la sede del tribunal, para reclamar «justicia» para estos 119 profesionales despedidos por la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. En la concentración estarán presentes la secretaria general de CCOO de Madrid, Paloma López, y el secretario general de CCOO Sanidad Madrid, Mariano Martín-Maestro.
La Consejería de Sanidad, tras la incorporación de estos profesionales, «no facilitó el desarrollo efectivo de su trabajo. Los y las rastreadores no pudieron realizar su labor porque no les asignaron cometidos y no les proporcionaron medios«, denuncian.
La Dirección General de Salud Pública de la Comunidad de Madrid dejó definitivamente en la calle a 119 rastreadores que un juzgado mandó readmitir, al dictaminar que su despido era nulo. Tras la sentencia, la Comunidad de Madrid «eludió normalizar su readmisión, incumpliendo la sentencia judicial, y rescindió definitivamente sus contratos, cuya fecha de vencimiento era el 15 de diciembre de 2022, argumentando que no eran necesarios ya sus servicios«.
El contrato de estos profesionales finalizó el pasado 15 de diciembre, fecha en la que se dio por terminada la obra o servicio por la que fueron contratados. Desaparecieron todos los contratos existentes, los que no renovaron y los que continuaron. Con ello, la Comunidad de Madrid «ha reducido drásticamente la plantilla del personal de Salud Pública y ha buscado un subterfugio legal para externalizar la contratación«.
Los nuevos acuerdos profesionales se han hecho a través de la Fundación de Investigación Biomédica de Atención Primaria, cuyo objeto social es investigación, desarrollo y formación biomédica. Se trata de un ente público «más flexible con la forma de contratación y con condiciones laborales inferiores y donde la Administración se refugia en la opacidad y falta de transparencia para contratar«.
A través de este organismo se ha contratado a seis enfermeros, un médico y un biólogo, para trabajar en Salud Pública. «Esta maniobra lleva, una vez más, a la reducción y externalización de la plantilla de personal laboral y funcionario en la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, donde el 10% de la plantilla se encuentra en peores condiciones laborales«.
