El Consejo de Gobierno ha conocido en su reunión de hoy la encomienda realizada a la Abogacía General para que se persone, en nombre de la Comunidad de Madrid, como acusación popular en las diligencias que se siguen en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer nº 2 de Madrid.
Una chica de 20 años de edad y origen peruano murió en la noche de miércoles a jueves, 29 de diciembre, tras ser apuñalada con un cuchillo en un domicilio del distrito madrileño de Puente de Vallecas, mientras que un hombre de 37 años y también peruano, su presunto agresor y expareja de su madre, resultó herido grave tras autolesionarse. El hombre ya fue detenido el miércoles de la semana pasada por violencia de género y el jueves el juez le interpuso una orden de alejamiento sobre ambas.
Los hechos ocurrieron pasadas las 10 de la noche en la calle Palomeras. Agentes de la Policía Nacional fueron alertados de que había una chica de 20 años fallecida, con varias heridas por arma blanca en el tórax, en el interior de un domicilio donde además se encontraba un hombre de 36 años, con varias heridas por arma blanca en cuello, tórax y abdomen, al parecer autoinfligidas.
Sanitarios del SAMUR-Protección Civil atendieron al hombre, que tras ser estabilizado ha sido trasladado al Hospital 12 de Octubre, donde ingresó en estado grave. Allí quedó bajo custodia policial detenido como presunto responsable de la muerte de la joven. Una psicóloga del SAMUR comunicó la noticia a la madre de la joven.
El Grupo VI de Homicidios de la Brigada Provincial de Policía Judicial de la Jefatura Superior de Madrid se ha encargado de investigar este suceso y así esclarecer su circunstancias. Tras las primeras gestiones se pudo constatar que la víctima era hija de la expareja del herido y llevaba varias horas muerta cuando fue encontrada. El hombre ya fue detenido el miércoles de la semana pasada por violencia de género y el jueves el juez le interpuso una orden de alejamiento sobre ambas.
La personación es una de las medidas previstas en la Ley Integral contra la Violencia de Género de la Comunidad de Madrid, que extiende su protección tanto a las mujeres como a sus hijos y personas dependientes. El Gobierno regional ejerce la acción popular en calidad de parte perjudicada civilmente en los casos penales abiertos por muerte, lesión grave o mutilación genital. Desde 2016, la Comunidad de Madrid ha ejercido esta facultad en 61 causas penales.
Tras recibir el informe favorable de la Abogacía General de la Comunidad, la consejera de Familia, Juventud y Política Social, Concepción Dancausa, ha dictado la Orden en la que encomienda el ejercicio de las acciones jurisdiccionales necesarias para poder personarse como acusación popular en los procedimientos judiciales.
