La Dirección General de Salud Pública de la Comunidad de Madrid ha dejado definitivamente en la calle a 119 rastreadores que un juzgado mandó readmitir al dictaminar que su despido era nulo. Tras la sentencia la Comunidad de Madrid, denuncian desde CCOO, «eludió normalizar su readmisión, incumpliendo la sentencia judicial», y rescindió definitivamente sus contratos, cuya fecha de vencimiento era el 15 de diciembre de 2022, argumentando que no eran necesarios ya sus servicios.
Sin embargo, exponen, «acto seguido ha contratado a seis enfermeros, un médico y un biólogo para estas labores», pero no lo ha hecho a través de la Consejería de Sanidad, en concreto de la Dirección General de Salud Pública que es donde están adscritos para realizar su trabajo, sino que los contratos de este personal se han formalizado a través de la Fundación de Investigación de Atención Primaria. Paralelamente, ha amortizado el mismo número de puestos (ocho) del mismo grupo (Grupo A) que estaban contemplados en la plantilla orgánica de la citada Dirección General.
La Sección 3ª de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ordenó -sentencia de 20 de octubre 2022- la readmisión de los 119 rastreadores y rastreadoras que despidió la Dirección General de Salud Pública de la Comunidad de Madrid, el 30 de junio de 2022. Estos profesionales recibieron la comunicación de readmisión, pero tras impedirles entrar en su centro, finalmente fueron “arrinconados” en un “almacén”, sin medios para desarrollar su trabajo y sin tener trabajo alguno encomendado. Tampoco consta que fueran dados de alta, durante ese tiempo, en la Seguridad Social.
CCOO define esta incorporación como «muy dura» dado que «ninguno de los responsables de la Dirección General de Salud Pública, ni tan siquiera sus responsables más directos se dignaron a recibirlos». A los primeros que se incorporaron les negaron el acceso a la Subdirección de Vigilancia Epidemiológica, a donde les habían dirigido desde la Subdirección de Personal. «Sin medios, sin espacios de trabajo adecuados, pero sin duda lo más duro fue acudir, durante un mes, tiempo que duro su contratación, a trabajar sin tener encomendada tarea alguna, y sin que nadie se dirigiera a ellos», han expuesto.
«Precarización y opacidad»
El contrato de estos profesionales finalizó el pasado 15 de diciembre, fecha en la que se dio por terminada la obra o servicio por la que fueron contratados. Desaparecieron todos los contratos existentes, los que no renovaron y los que continuaron. Con ello, la Comunidad de Madrid ha reducido drásticamente la plantilla del personal de Salud Pública y» ha buscado un subterfugio legal para externalizar la contratación», denuncian.
Los nuevos acuerdos profesionales se han hecho a través de la Fundación de Investigación Biomédica de Atención Primaria, «cuyo objeto social es investigación, desarrollo y formación biomédica. Se trata de un ente público más flexible con la forma de contratación y con condiciones laborales inferiores y donde la Administración se refugia en la opacidad y falta de transparencia para contratar».
A través de este organismo se ha contratado a seis enfermeros, un médico y un biólogo, para trabajar en Salud Pública. Esta maniobra lleva, una vez más, según denuncia CCOO, «a la reducción y externalización de la plantilla de personal laboral y funcionario en la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. En este momento, el 10% de la plantilla se encuentra en peores condiciones laborales».
