Agentes de la Policía Nacional han detenido a 38 personas por utilizar empresas ficticias para darse de alta en la Seguridad Social, llegando a generar una deuda de casi 90.000 euros. Dos de las detenidas actuaban de intermediarias para la obtención de prestaciones por desempleo, permisos de residencia y créditos bancarios. También gestionaban matrimonios concertados.
La investigación comenzó en enero de 2021 y se desarrolló en dos fases. La primera concluyó en julio del año pasado con la detención de 20 personas, entre ellas el cabecilla del entramado. Según pudieron comprobar los agentes, este varón regentaba una oficina en el distrito madrileño de Carabanchel desde donde se tramitaban alquileres de viviendas, créditos personales, ventas de contratos de trabajo, altas en la Seguridad Social y realización de matrimonios concertados para la obtención de permisos de residencia.
En la segunda fase, que se saldó con la detención de 38 personas, dos de ellas intermediarias, finalizó a mediados del mes de noviembre del presente año. Mediante dos empresas ficticias, dedicadas supuestamente a la construcción y a la confección de ropa, respectivamente, se simularon relaciones laborales de hasta 56 trabajadores que permitieron acreditar medios de vida suficientes para tramitar permisos de residencia, prestaciones de desempleo y otros beneficios inherentes a la Seguridad Social.
De este modo, llegaron a generar una deuda por el impago de cuotas a la Seguridad Social de 63.000 euros y de 26.000 euros por el cobro indebido de prestaciones por desempleo.
Distintas tarifas según el servicio: 3.500 euros por un contrato
Disponían de distintas tarifas para sus clientes en función de los servicios solicitados. Cobraban 3.500 euros por un contrato de trabajo para regularizar la situación en España de un ciudadano extranjero y 600 euros por el alta en una de las empresas.
Otro de los servicios ofertados consistía en la solicitud de préstamos bancarios, mediante nóminas falsas como garantía de los mismos. Una vez fueran concedidos, acordaban cobrar una comisión del 15 por ciento del cómputo total.
También gestionaban matrimonios concertados con ciudadanas comunitarias, a las que ofrecían hasta 3.000 euros, para poder regularizar la situación de los extranjeros mediante la solicitud de residencia por ser familiar de comunitario. En total, se habrían tramitado de forma fraudulenta 66 permisos de residencia de distinto carácter.
Por estos hechos, a mediados de noviembre, se procedió a la detención de 38 personas, 22 mujeres y 16 varones, como presuntos autores de un delito de falsedad documental. Además, a las dos intermediarias también se les imputa un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.
