FACUA Madrid se ha dirigido a la Consejería de Vivienda de la Comunidad de Madrid para pedirle que intervenga en la «desproporcionada» subida en el precio del alquiler de las viviendas gestionadas por fondos buitres como Blackstone, a través de sus Socimis Fidere y Testa.
La asociación considera que «no es solo un problema de los inmuebles gestionados por estas empresas, sino que se trata de algo endémico que ocurre en toda la Comunidad ante la pasividad del Gobierno regional de Isabel Díaz Ayuso» a la hora de aplicar leyes que «protejan a los usuarios y ayudas destinadas a las personas con menos recursos».
Por ello, FACUA Madrid se ha dirigido por escrito en varias ocasiones a la Consejería de Vivienda con el fin de que «trabaje en una normativa que proteja a los inquilinos de la especulación del suelo que hacen muchas empresas». Se pide además que «se reajusten las condiciones del alquiler a precios y plazos justos y adecuados, y se ofrezcan contratos con condiciones estables y dignas». En esta ocasión también se ha dirigido al Defensor del Pueblo para solicitarle que «intervenga y les proteja ante dichas prácticas abusivas».
Apoyo al Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid
La asociación muestra su apoyo al Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid, quién lleva tiempo denunciando la situación en la que se encuentran muchos usuarios al ver cómo el precio de su alquiler ha subido casi un 60%. Según las últimas informaciones, los vecinos de Torrejón de Ardoz, Alcorcón y el distrito madrileño de Puente de Vallecas han visto cómo para renovar su contrato con dichos fondos les piden pasar de pagar unos 740 a 1.176 euros al mes.
A su vez, desde el sindicato también denuncian que «ofrecen condiciones diferentes a los inquilinos en el marco de las negociaciones individuales, otorgándoles distintos porcentajes de subida, así como distintos plazos de prórroga y a algunos mayores beneficios que otros, con el fin de evitar una negociación colectiva».
