Madrid dejó de gastar 402 millones de euros presupuestados para Sanidad Pública en 2021 y desvió 1.236 millones a la privada, un 31% más que en 2020

El sindicato CCOO ha votado en contra de las Cuentas Anuales del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS), correspondientes al año 2021, entendiendo que el Gobierno regional del PP «ha hecho ‘caja’ porque ha dejado de gastar más de 400 millones de euros que tenía disponibles para garantizar, en sus presupuestos, la asistencia sanitaria a la ciudadanía madrileña».

Sin embargo, denuncian, la sanidad privada «sí que ha visto cómo se ha incrementado el dinero que la Comunidad de Madrid le transfería por conciertos y convenios hospitalarios». Durante 2021, el SERMAS pagó 1.236 millones de euros a la sanidad privada, un 31% más que en 2020. Además, la Comunidad de Madrid ha reconocido la existencia de diferencias entre los gastos reconocidos por conciertos y convenios hospitalarios con la sanidad privada y los gastos reales. Y ha admitido de facto que los mismos eran más elevados de lo que estaba contabilizado.

El sindicato considera «indefendibles estos resultados», teniendo en cuenta «la situación extrema de pandemia, las cifras históricas que alcanzaron, el pasado año, las listas de espera sanitarias en la Comunidad de Madrid -más de 835.000 pacientes que aguardan una operación, una consulta o una prueba diagnóstica-, el cierre durante todo el año de los SUAP, las plantillas bajo mínimos y los despidos masivos de personal, y la falta de inversión en Atención Primaria».

CCOO no entiende cómo, en 2020, el Gobierno del PP dejó de gastar en sanidad 821 millones de euros y, ahora, en 2021, ha dejado sin gastar 402 millones de euros, «en un estado crítico de pandemia y con las enormes dificultades por las que ha atravesado la ciudadanía, pacientes y profesionales de la sanidad pública madrileña.»

Además del gasto, según se desprende del balance presentado en el Consejo de Administración del SERMAS, «existe una reducción de las inversiones reales: 154 millones de euros menos, o lo que es lo mismo un 45,2% menos. Lo que refleja un nuevo incumplimiento de los compromisos adquiridos por el Gobierno de la Comunidad de Madrid, que garantizó la construcción de varios centros de salud, prometidos desde hace años, así como obras de acondicionamiento de otros tantos».

El año pasado en material sanitario y productos farmacéuticos para Atención Primaria se presupuestaron casi 55 millones de euros, pero únicamente se ejecutaron 39 millones. «Durante el pasado año, se recibieron un elevado número de denuncias de pacientes y usuarios por falta de material en los centros de salud. Muchos de estas denuncias relataban que los pacientes se veían obligados a llevar su propio material para las curas o para poder ser atendidos en su centro de salud», exponen desde CCOO.

También fue “chocante”, señalan, ver como en el Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid de su presupuesto inicial de 29 millones de euros dejó sin gastar 2 millones. A pesar de la constante escasez de sangre de la que se hace eco la Consejería de Sanidad en las diferentes campañas que se vienen realizando para fomentar la donación, y con el descenso pronunciado en las reservas provocado, en parte, por la coyuntura de pandemia.

Otra de las partidas que quedó muy por debajo de la inversión necesaria fue el presupuesto para aplicaciones informáticas. La dotación económica prevista creció en un 5,69%, pero no se renovaron los sistemas informáticos de la Dirección General de Recursos Humanos. Para CCOO los sistemas informáticos en este estamento que controla todos los procesos de selección de personal «están obsoletos y no soportan el gran volumen de gestiones que se requieren, lo que ha provocado una importante ralentización de todos los procesos de selección».

También en los Servicios Centrales de la Consejería de Sanidad, de donde depende la Dirección General de Salud Pública, Investigación y Recursos Humanos del SERMAS, de donde dependían los rastreadores, los gastos de personal presupuestados fueron casi 30 millones de euros, pero finalmente no llegaron a 20 millones de euros los que se gastaron.

Del SUMMA112 dependen los Servicios de Urgencias de Atención Primaria (SUAP), cerrados desde marzo 2020. En el capítulo de presupuestos de esta división de Urgencias y Emergencias sorprende ver que de los 170 millones de presupuesto inicial, más de 52 millones han ido a parar a pagar actividades concertadas, con lo que más del 30% de sus fondos asignados han acabado en manos de las empresas privadas.

«La agonía de las listas de espera»

Para reducir las listas de espera quirúrgicas, de pruebas diagnósticas y de consultas externas especializadas que, en 2021, han batido récord histórico, con más de 835.000 pacientes, se debían de haber invertido 62 millones de euros, inicialmente presupuestados, pero no se gastó nada. Al cierre de este balance, la Consejería de Sanidad dice que ese presupuesto se ha repartido entre los diferentes centros hospitalarios. CCOO cree que, «de ser así, esta cantidad o su gestión ha sido “claramente insuficiente”, debido a que tenemos en abril de 2022, el número de personas que esperaban ser atendidos por los conceptos señalados era de 835.103 personas».

En el capítulo presupuestario de Investigación, el incremento se disparó con un aumento del 757,16%. «Un buen apunte entre tanto mal dato que, sin embargo, queda eclipsado porque dicho incremento no se ha visto repercutido en la mejora de las condiciones laborales y económicas de los profesionales de las Fundaciones de Investigación Biomédica de la red sanitaria de la Comunidad de Madrid, ni en la reducción del 80% de la temporalidad de las plantillas, ni para abonar la Carrera Profesional a su personal, comprometida en el Convenio Colectivo de las fundaciones, publicado en diciembre de 2020», critican desde el sindicato.

En lo que respecta a la plantilla, publicada en el portal estadístico del propio SERMAS de abril de 2022 es de 76.814 efectivos, sustancialmente inferior a la de marzo de 2022 que es de 82.445 profesionales, como consecuencia del despido de casi 6.000 personas contratadas como refuerzo durante la pandemia, «pero que constituyen una necesidad estructural en la Sanidad Pública madrileña».