Este jueves, 24 de marzo, la Asamblea de Madrid acoge el debate y votación de las enmiendas a la totalidad del ‘Anteproyecto de Ley de medidas urgentes para el impulso de la actividad económica y la modernización de la administración de la Comunidad de Madrid’, la polémica Ley Ómnibus.
Con el fin de mostrar su apoyo a estas enmiendas y reclamar la paralización de la tramitación de la norma, las más de 50 organizaciones sociales que componen la Plataforma Paremos la Ley Ómnibus impulsan una concentración ante el Parlamento regional.
La protesta, que se iniciará a las 12:00 horas, tendrá lugar mientras el pleno de la Asamblea de Madrid discute y vota las enmiendas a una propuesta legislativa que modifica 33 leyes vigentes e introduce nuevas medidas que «facilitan la destrucción de la naturaleza, desregulan el urbanismo y permiten la privatización y deterioro de diversos servicios públicos (como la sanidad o el transporte público), afectando negativamente a los derechos colectivos y bienes comunes».
Ya el pasado 26 de febrero unas 5.000 personas se manifestaron en el centro de Madrid contra este proyecto legislativo del Gobierno de Ayuso, siguiendo el llamamiento de la plataforma, un espacio en el que participan asociaciones vecinales, ecologistas, juveniles, de transporte, sindicatos, ONG, colectivos por la sanidad pública y por el derecho a la vivienda y asociaciones en defensa del patrimonio.
Seis días antes, el 20 de febrero, varios cientos de personas hicieron lo mismo en la 92ª Marea Blanca en defensa de la sanidad pública. No en vano, denuncian, «uno de los artículos más controvertidos de la Ley Ómnibus incluye la creación de una Agencia de Contratación Sanitaria opaca y carente de control ciudadano».
El 19 de enero, la plataforma registró en la sede de la Comunidad de Madrid 51.700 firmas de ciudadanos que piden la paralización de la norma. «Lamentablemente, ni estas firmas ni las 600 alegaciones ciudadanas presentadas en los siete días de información pública impuestos por el Gobierno regional en plenas navidades, han sido tenidas en cuenta en la tramitación de la ley», critican.
Por eso, la plataforma lleva de nuevo su malestar a la calle. “No podemos permitir que salga adelante una norma de enorme trascendencia que supone un golpe durísimo contra el medio ambiente y servicios y derechos públicos”, asegura.
