Este lunes, 31 de enero, se cumplen dos años desde que se detectó el primer caso de coronavirus en España. Desde entonces, miles de personas han fallecido a causa de la pandemia, entre ellas 35.670 personas mayores que vivían en residencias.
Tras analizar la evolución de denuncias que afectan a más de un centenar de residencias en Madrid y Cataluña, Amnistía Internacional ha documentado «preocupaciones por la falta de mecanismos y procedimientos adecuados para saber la verdad sobre lo ocurrido en las residencias de mayores durante la pandemia, y el impacto que tuvo para los derechos humanos, incluyendo las instrucciones o protocolos para adoptar decisiones concretas sobre la prestación de asistencia sanitaria a las personas mayores que vivían en ellas».
La organización concluye que hasta el momento «las autoridades han incumplido su obligación de investigar de forma exhaustiva y adecuada las vulneraciones del derecho a la vida en las residencias, tal y como exige el Derecho Internacional de los Derechos Humanos». El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos reconoce el derecho a la vida y exige el acceso de las víctimas a un recurso judicial que sea efectivo. De acuerdo con el Protocolo de Minnesota (ONU, 2016) de investigación de muertes potencialmente ilícitas la obligación de investigar es una parte esencial de la defensa del derecho a la vida.
Amnistía Internacional lamenta que «no se está garantizando la verdad para las víctimas, se está extendiendo la impunidad y, como consecuencia, no se asegurará una adecuada reparación del daño causado, ni garantías de no repetición en el futuro».
“Más de 35.000 personas fallecieron en las residencias y sin embargo no hay ninguna persona declarada responsable por lo sucedido. No podemos simplemente dar por hecho que las cifras de muertes en residencias son inevitables y se deben a la pandemia, ni tampoco atribuir toda la responsabilidad a quienes cuidaban a nuestras personas mayores, porque aunque existan múltiples factores que expliquen estas muertes, las medidas que se tomaron ante una masiva vulneración de derechos humanos no fueron las adecuadas y sus familiares tienen derecho a conocer la verdad”, señala Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España. Así lo denuncian también las organizaciones de defensa de los derechos de las personas residentes como La Plataforma y Marea de Residencias, entre otras.
«Tengo derecho a saber qué estaba pasando. Nos lo han negado también. A mi madre no nos la van a poder devolver, pero algo así, que se podría haber evitado, queremos que no pase nunca más», lamenta Ana María, cuya madre falleció en la residencia Federica Montseny de Barcelona sin haber sido trasladada al hospital, y que ha presentado una denuncia particular ante el juzgado, que año y medio después sigue en trámite.
«Ministerio Fiscal, una investigación deficiente»
Aunque el propio Ministerio Fiscal ha reconocido que se produjo una situación objetiva de vulneración de derechos fundamentales en las residencias, de las diligencias de investigación penal llevadas a término por la propia institución, casi el 90% han sido archivadas sin llevar el caso a los tribunales.
Amnistía Internacional considera que la mayoría de las investigaciones llevadas a cabo por el Ministerio Fiscal «no cumplen con los estándares de derechos humanos sobre exhaustividad y eficacia que permitan el esclarecimiento de las circunstancias de las miles de muertes en residencias». La organización ya documentó cómo una cadena de decisiones en la gestión de la pandemia «fue definitiva en la situación de abandono de los mayores en las residencias, y todas sus causas deberían ser exhaustivamente investigadas».
«Las familias de las víctimas necesitan un sosiego que solo la verdad les puede proporcionar. Ante un exceso de muertes, con una clara falta de asistencia sanitaria como el que se vivió en la residencias de mayores, un papel proactivo del Ministerio Fiscal es fundamental para aclarar lo sucedido», señala Safira Cantos, responsable de la investigación en Amnistía Internacional España. “Sin embargo, en muchos casos, son los propios familiares quienes soportan la carga de impulsar las investigaciones, puesto que deben aportar los elementos de prueba de las vulneraciones, en muchos casos inaccesibles para ellos, lo que les provoca indefensión”, añade.
«Solo pedimos justicia para que no vuelva a ocurrir algo así. No se trata de seguir ahondando en el dolor de la gente, sino de que la única forma de eliminar un poco ese dolor es haciendo justicia«, señala Simone Nicoletti, cuya madre, con Alzheimer, falleció en una residencia en Madrid.
En vista de que el Ministerio Fiscal ha archivado casi todas las investigaciones, son los familiares quienes están presentando denuncias o querellas en los Tribunales, «imponiendo una carga más sobre las víctimas, cuando existe una institución, la Fiscalía, que tiene específicamente encomendada la actuación en favor de los derechos de la ciudadanía y del interés general. Ante las denuncias judiciales, el alcance de las investigaciones está siendo muy desigual según el juzgado o tribunal y, en todo caso, avanzan muy lentamente».
Por su parte, el Consejo General del Poder Judicial «tampoco ha realizado seguimiento sobre si estas víctimas están consiguiendo acceso a la justicia como indican las normas internacionales: no lleva a cabo un cómputo de los casos en tribunales, ni ha incorporado en su estadística judicial un indicador de recogida de datos de actividad judicial que permita hacer seguimiento global de estas causas, contribuyendo así a la falta de información y transparencia».
Aunque en Madrid Amnistía Internacional ha estado en contacto con representantes del Ministerio Fiscal que han manifestado su compromiso con las investigaciones y su voluntad de analizar detalladamente cada denuncia, «la realidad es que dichas investigaciones no han tenido en cuenta las informaciones que podían aportar las propias personas afectadas». También es crítica la situación en Barcelona, «donde la denuncia de casi doscientos familiares en relación con 30 residencias fue archivada por la Fiscalía sin tomar declaración a las víctimas o los profesionales de las residencias».
Amnistía Internacional reconoce «el esfuerzo del Ministerio Fiscal en mejorar la información obtenida, a través de la apertura de más de un millar de diligencias civiles para hacer un seguimiento más adecuado de la situación de las personas mayores en las residencias». A la organización le preocupa que «este esfuerzo no vaya acompañado de inspecciones presenciales de las residencias, suspendidas prolongadamente durante la pandemia y todavía no plenamente recuperadas en las fiscalías territoriales. Esta falta alarmante de inspecciones sobre el terreno dificulta que Fiscalía pueda acceder a una fuente directa de información que podría apoyar una investigación eficaz en los tribunales».
La organización pide al Ministerio Fiscal que «lleve a cabo investigaciones proactivas sobre todos los fallecimientos de personas a las que no se aseguró adecuada asistencia sanitaria, abarcando todos los factores que han intervenido en las muertes en residencias, escuchando a las víctimas y teniendo en cuenta todas las fuentes pertinentes para esclarecer los hechos. La investigación debe esclarecer cómo los protocolos institucionales fueron determinantes en la falta de asistencia hospitalaria a las personas mayores en residencias, tal y como Amnistía evidenció en su investigación previa y han declarado responsables de residencias».
En los casos que se encuentran judicializados, Amnistía Internacional exige al Ministerio Fiscal que «tenga un rol activo promoviendo la acción de la justicia en favor de los derechos de las víctimas».
«Falta investigar adecuadamente los protocolos»
Por otro lado, «la aplicación de los protocolos de no derivación a hospitales no se ha investigado adecuadamente, y el Ministerio Fiscal ha concluido que no fueron un impedimento para el traslado hospitalario de residentes enfermos; lo que contrasta con los hallazgos de Amnistía Internacional que sí considera que los protocolos en vigor durante la primera ola de la pandemia provocaron violaciones del derecho a la vida o al acceso a la salud».
En este sentido, el reciente Auto de la Audiencia Provincial de Madrid de 10 de enero que estima parcialmente los recursos interpuestos por familiares de residencias en Leganés «muestra con claridad la necesidad de investigar de forma exhaustiva el papel que tuvieron estos protocolos en la derivación hospitalaria y los medios disponibles en las residencias para prestar atención médica a los enfermos que no fueron derivados a los hospitales».
La organización considera que estos protocolos «son responsables directos de la imposibilidad de acceder a asistencia sanitaria, al menos en Madrid y Cataluña, de miles de personas en los momentos más duros de la pandemia, y que a la hora de decidir sobre el traslado hospitalario de personas mayores que vivían en residencias no se aseguró una valoración individual basada en el mejor pronóstico, sino que se utilizaron criterios que dificultaron enormemente dichos traslados en situaciones en que la pronta y adecuada atención de los y las residentes enfermos podía ser vital. Los criterios, además de la fragilidad, incluyeron factores como la edad o el deterioro cognitivo, no relacionados con el pronóstico de vida del paciente y asociados al hecho de vivir en una residencia, lo que resulta discriminatorio. Las decisiones médicas deben ser siempre individualizadas y basadas en evidencia científica».
El Ministerio Fiscal, inciden, «tampoco ha tenido en cuenta en sus investigaciones las afirmaciones de responsables de residencias o políticos que reconocen que los protocolos impidieron la derivación a los hospitales de las personas mayores de residencias durante la primera ola de la pandemia, sin que al mismo tiempo se les prestara asistencia sanitaria adecuada en las residencias. Mecanismos internacionales como el Comité DESC (Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas) aseguran que los establecimientos, bienes y servicios de salud deben ser accesibles para todas las personas sin discriminación y, especialmente, para los sectores más vulnerables de la población».
