La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, ha denunciado «la ofensiva de la Comunidad de Madrid y la Consejería de Educación para fomentar el cambio de jornada en los centros educativos».
«Esta vez se trata de revertir la jornada continua en favor de la partida, sembrando un terremoto en la comunidad educativa en un tema que estaba zanjado y que funcionaba perfectamente», critican. Más del 80% de los colegios públicos de la Comunidad de Madrid tienen la jornada continuada. «Siempre con la complicidad y participación de la comunidad educativa del centro, los Consejos Escolares, los equipos docentes, padres y madre…», inciden
Además, para validar la votación de cambio de jornada se necesitaba la participación de, al menos, dos terceras partes del censo de madres y padres. «Una cifra que nos parecía escandalosamente abusiva, pero que ha permitido que el sistema haya funcionado durante más de una década sin mayor problema y obteniendo en el Informe PISA uno de los mejores resultados de todo el Estado», señalan.
Esta semana el Consejo de Gobierno «ha decidido que es el momento de iniciar los trámites para que el cambio de la continuada a la partida sea mucho más sencillo y rápido». «Seguramente con o incluso sin ningún tipo de mínimo de participación por parte de los padres y madres y, por supuesto, sin escuchar a los trabajadores ni a sus legítimos representantes», subrayan desde CSIF.
Para la Comunidad de Madrid «la nueva normativa eliminará la posibilidad de cambiar de jornada partida a continua y detallará el procedimiento para que las familias puedan solicitar de manera más sencilla el cambio a horario partido».
«Todo parece indicar que ahora un pequeño grupo dentro de un centro educativo va a poder tener más fuerza que las dos terceras partes del censo de la votación original». CSIF Educación Madrid, ante esta actitud por parte de la Comunidad de Madrid y, en concreto, de la Consejería de Educación, «va a estudiar si es posible llevar a cabo esta decisión del Gobierno de Díaz Ayuso sin que vulnere la legalidad vigente».
