El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha dictado sentencia en la que condena a la administración a abonar a una Guardia Civil que se encontraba en situación de baja por maternidad el complemento de productividad.
En el momento en que se tramitó su baja la agente de la Guardia Civil vio reducidos notablemente sus ingresos por lo que se dirigió a su asociación profesional, APROGC, para que le ayudase ante dicha situación.
Al entender que se generaba una grave discriminación por el mero hecho de ser madre, la misma presentó diversos recursos previos al juicio, todos ellos denegados por la Guardia Civil basándose en el cumplimiento de la normativa.
La abogada encargada del asunto, Vanessa Ruiz, del despacho de abogados PenalTech, asesoría jurídica de APROGC, presentó demanda argumentando la situación de discriminación que se producía por razón de sexo, así como el incumplimiento de lo establecido por la normativa superior, en concreto el Estatuto Básico del Empleado Público, y de sentencias previas en las que PenalTech, asesoría jurídica de APROGC, había obtenido una resolución favorable en situaciones de maternidad y de riesgo por embarazo.
El Tribunal le dio traslado al Abogado del Estado, el cual presentó su contestación impugnando la demanda aunque allanándose a las peticiones de la Guardia Civil. Frente a la misma la agente, a través de su abogada, solicitó que se condenara a la administración al pago de lo dejado de percibir y a las costas generadas en el procedimiento.
Finalmente el TSJM dictó sentencia en la que se estimó íntegramente la petición realizada por la agente, incrementado en el interés legal desde la formulación de la reclamación administrativa y condenando a la administración al abono del total de las cantidades dejadas de percibir y al pago de las costas generadas.
En palabras de la abogada Vanessa Ruiz García, “aún existen situaciones de profunda discriminación dentro de la administración y, en concreto, dentro de la Guardia Civil, que deben ser atajadas. La desigualdad da lugar a situaciones graves de indefensión que dificultan aún más el acceso a la mujer a puestos de responsabilidad por lo que deben ser atajadas”.
