La Comunidad de Madrid ha desviado 500 millones de euros de los presupuestos en tareas que venían realizando los trabajadores propios de Canal de Isabel II, del contrato de «Obras referidas a actuaciones urgentes de renovación y reparación en la red de abastecimiento de agua potable». Entre las empresas beneficiarias se encuentran DRAGADOS, S.A, ACCIONA AGUA, S.A., FCC AQUALIA, S.A., INSERCON, S.A., FERROVIAL CONSTRUCCION, S.A. y diversas UTEs conformadas para la ocasión.
Así lo denuncia el sindicato CCOO, que expone que esta medida de la consejera de Medio Ambiente «va ligada a un deterioro en la calidad del servicio que deja de dar Canal de Isabel II, duplicando el tiempo de respuesta ante avisos urgentes». Estas actuaciones «han pasado de una a dos horas, para hacer aún más jugosa la adjudicación, todo ello a costa del detrimento del servicio que se ofrece a los madrileños y madrileñas».
«No sólo la calidad del servicio, la imagen de marca se ve afectada. Canal de Isabel II es una empresa deteriorada tras constantes intentos de privatización, casos de corrupción y un enchufismo del que es participe el actual Ejecutivo de Comunidad de Madrid». CCOO denuncia lo difícil que está siendo para los trabajadores y trabajadoras quitarse el estigma de trabajar para una empresa en la que el Partido Popular opera impunemente».
El delegado de prevención del sindicato, Emilio Torres, advierte del «riesgo que suponen estas licitaciones». “Pese a la profesionalidad de los trabajadores y trabajadoras que conforman las contratas, estas empresas mantienen a sus trabajadores y trabajadoras en condiciones laborales de extrema precariedad, subcontratando servicios y los riesgos inherentes”, señala.
Esto ha supuesto «desde accidentes mortales en las subcontratas de Canal de Isabel II hasta el uso de trabajadores y trabajadoras subrogados para fines particulares. Este es el caso de Canalizaciones Tadop», concluyen.
