La delegada del Gobierno en Madrid, Mercedes González, ha explicado este martes las actuaciones que ha llevado a cabo la Delegación tras la manifestación del pasado sábado, 18 de septiembre, entre la plaza de Chueca y la Puerta del Sol, en Madrid.
Durante el desarrollo de la marcha –comunicada en tiempo y forma por la Asociación de Vecinos de San Blas-Canillejas y la Asociación de Vecinos del Pinar de Chamartín y Hortaleza–, bajo el lema ‘Di no a las Agendas 2030-2050’, y en la que se exhibió una pancarta en la que se podía leer “En Madrid ni bandas latinas ni menas”, la Policía Nacional identificó y cacheó a algunos de los participantes y procedió a la intervención de seis bengalas, cinco palos y un puño americano.
Asimismo, la Delegación del Gobierno ha incoado expediente sancionador administrativo a seis personas, de acuerdo a la Ley de Seguridad Ciudadana, a quienes se impondrá la máxima sanción recogida en esta norma, 4.800 euros (800 euros a cada uno).
En cuanto a los dos organizadores, la Delegación inició ayer el expediente de infracción administrativa por incumplimiento de la LO 9/1983, de 15 de julio, reguladora del derecho de reunión, y LO 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, al no ajustarse el objeto de la manifestación al escrito de comunicación (“Di no a las Agendas 2030-2050”), ya que desde Delegación se encontraron una manifestación de carácter homófobo, por lo que se impone la máxima sanción que permite la norma: 1.200 euros, es decir, 600 cada uno.
Desde el punto de vista penal, ayer fueron remitidas a la Fiscalía Provincial de Madrid, a la Sección de Ciberodio, el expediente completo de la manifestación junto a las diligencias de investigación efectuadas por la Policía Nacional con el objeto de que ésta instruya si hay hechos constitutivos de delito de odio, en las proclamas que se profirieron durante el recorrido de la misma.
En resumen, la Delegación del Gobierno en Madrid ha actuado por dos vías: La administrativa, con la propuesta de sancionar a 8 de los participantes, que abonarán las máximas sanciones previstas en la Ley. Y la penal, aportando a la Fiscalía toda la información para que abra diligencias de investigación de un posible delito de odio.
