La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha puesto en marcha una campaña para pedir al Gobierno la gratuidad de los test COVID para poder viajar fuera de España. En la mayor parte de los países del mundo se está exigiendo algún tipo de acreditación de su estado vacunal o una prueba diagnóstica negativa de COVID-19 para acceder a su territorio.
En el caso de la Unión Europea además se ha puesto en marcha el certificado digital europeo que acredita, con un formato estandarizado, que la persona que viaja: a) ha sido vacunada contra la covid-19, b) se ha realizado una prueba cuyo resultado ha sido negativo (en las 48 o 72 horas previas al viaje, dependiendo de la prueba), c) se ha recuperado de la covid-19 en los últimos 6 meses.
Las personas que se vacunan no abonan directamente el precio de las mismas mientras que las personas que no se hayan podido vacunar todavía deben abonar el coste de las pruebas de diagnóstico en un centro privado, ya que los protocolos sanitarios vigentes en España no contemplan la realización de estas pruebas por parte del Sistema Nacional de Salud para viajar. Además, los test de autodiagnóstico, recientemente comercializados en farmacias españolas, no sirven como prueba diagnóstica para viajar.
Esto supone que el ciudadano deberá pagar por esos test necesarios para viajar unos precios que oscilan entre los 30-70 euros (en el caso de las pruebas de antígenos, cuya validez aceptada suele ser de 48 horas) o entre 70 y 120 euros (en las PCR, cuya validez aceptada suele ser de 72 horas).
La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) considera que esta situación es «discriminatoria» y que, para «garantizar la igualdad y no discriminación» entre consumidores, las pruebas COVID «deben ser gratuitas para quienes no hayan podido vacunarse y necesiten viajar a otro país».
Para ello, ha puesto en marcha una campaña solicitando la gratuidad de estas pruebas. Estos test, inciden, son necesarios para que los ciudadanos puedan desplazarse, en algunos casos incluso estando ya vacunados con pauta completa: por ejemplo, si aún no han transcurrido los 14 días que suelen exigirse tras la última dosis de vacuna. También deben abonar los test los menores de 65 años que en los últimos seis meses han sido diagnosticados de covid con test de antígenos o mediante diagnóstico clínico (pero no con PCR) y que todavía no pueden vacunarse ni obtener el certificado digital europeo en su modalidad “recuperación”.
OCU considera que «es imprescindible que todos los ciudadanos puedan acceder a estas pruebas de manera gratuita. Pagarlas no solo puede suponer un esfuerzo económico importante, sino que supondría una discriminación entre quienes se han podido vacunar y quienes no».
