Así es la reforma de Telemadrid que propone Ayuso y que daría su control a PP y Vox

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha impulsado esta semana en la Asamblea de Madrid una proposición de ley para reformar la Ley de creación de Radio Televisión Madrid de 2015 que rige tanto Telemadrid como Onda Madrid.

Se trata de la primera medida que ha promovido el nuevo Gobierno del PP en la Comunidad de Madrid tras su toma de posesión y después de que Vox le exigiera a Ayuso en el debate de investidura cambios en el ente público.

Los artículos a reformar serían los relacionados con la elección, duración y competencias del director general y del Consejo de Administración, elementos que a juicio de los representantes de los trabajadores son fundamentales de la ley que garantizan la independencia de los órganos de gestión y dirección de la casa.

Esta reforma de la Ley 8/2015 propone en primera instancia reducir a 4 años el mandato del director general, que en la actualidad tiene una duración de 6 años con la finalidad de que no coincidiera con el mandato electoral y así tener mayor independencia del poder político.

El Gobierno madrileño del PP pretende también cambiar el apoyo de 2/3 (67%) de los diputados de la Asamblea de Madrid para la elección del director general y de los miembros del Consejo de Administración, que obliga al consenso entre las fuerzas representadas en la Asamblea de Madrid, por el de mayoría absoluta (50%).

Finalmente se propone eliminar a los representantes del Consejo de Administración que pertenecen a asociaciones de la sociedad civil (5 de 9), por representantes elegidos por los partidos políticos con representación parlamentaria, y eliminar las competencias del Consejo de Administración respecto a los nombramientos del personal directivo.

Según un comunicado emitido por el Comité de Empresa de Telemadrid y Onda Madrid, la propuesta de reforma «viene acompañada de argumentos que ocultan la verdad a los madrileños y madrileñas. Se argumentan supuestos desequilibrios presupuestarios, cuando en realidad, el ejercicio de 2020 se cerró con un superávit de 4,6 millones de euros, que ha sido validado y aprobado por unanimidad del consejo de administración y por el propio gobierno regional».

Se argumenta la necesidad de afrontar renovaciones tecnológicas para el futuro de la casa, «unas renovaciones que el gobierno ha impedido los últimos dos años. Y la necesidad de la búsqueda de consensos cuando, con esta medida, se dinamitarían los construidos hace seis años y que la actual presidenta, Isabel Díaz Ayuso, calificó como un referente para otros medios de comunicación públicos al suponer el fin del partidismo».

Para el PP de Madrid, denuncian, «sólo es útil el consenso y la independencia de un medio de comunicación público cuando no tiene la suficiente representación parlamentaria para poder controlarlo a su antojo». «Volvemos a recordar que la Ley del 2015, aprobada por el conjunto de las fuerzas parlamentarias madrileñas hace sólo seis años, ha permitido promover el incremento de la audiencia (2020 ha obtenido el mejor dato de audiencia en los últimos 9 años), la credibilidad informativa y una gestión transparente», inciden.

«Hemos recuperado la credibilidad de la sociedad madrileña como acreditan los reconocimientos recibidos en corto espacio de tiempo y todo, gracias al esfuerzo combinado de la plantilla, la Dirección, el Consejo de Administración y el conjunto de la sociedad madrileña», exponen. Por eso «estamos totalmente en contra de esta reforma legislativa que nos retrotrae a tiempos de control político y despilfarro económico y por eso seguiremos luchando por una radiotelevisión pública al servicio de toda la sociedad madrileña. Volvemos a reclamar el apoyo de la sociedad civil, de las asociaciones que ahora pretenden ser excluidas, de los partidos políticos que sí creen en la independencia de un medio de comunicación público y denunciaremos una reforma de la ley que, a todas vistas, parece ilegal».

La representación legal de los trabajadores de RTVM solicitará reuniones con todos los partidos políticos y con el Gobierno de la Comunidad de Madrid para «conseguir el consenso que permita seguir trabajando por el servicio público esencial que es Radio Televisión Madrid».

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