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La Fiscalía Provincial de Madrid ha vuelto a solicitar la confirmación del auto del juzgado de instrucción número 42 de Madrid relativo al sobreseimiento provisional de la causa en la parte que afecta a las obras en la sede de Podemos. La represente del Ministerio Público sostiene que no existe “ningún indicio” sobre la existencia de un delito de administración desleal ni de falsedad documental.
El escrito de la Fiscalía, en respuesta al recurso de apelación interpuesto por PROLEGE contra dicho auto, recuerda que procedimiento se inició en virtud de una denuncia presentada por el abogado José Manuel Calvente en la que sostenía que las obras de acondicionamiento del inmueble habían sido adjudicadas “a dedo”, incumpliendo las normas internas del partido en materia de contratación. En concreto, adujo que el precio de adjudicación fue de 1.361.055 euros, cuando el de licitación se elevó hasta los 649.936,68 euros.
Una vez practicadas las diligencias “conducentes” a determinar el motivo por el cual se había producido esta duplicidad en el coste respecto del proyecto inicial, la Fiscalía advierte de que los testigos interrogados “han dado cumplida explicación de los motivos por los cuales existe el desfase entre el proyecto y la ejecución, desfase por otro lado frecuente en la ejecución de obras”.
Insiste en que no aprecia “ningún indicio” sobre la existencia de un delito de administración desleal. “El tipo penal añade- castiga los excesos en la administración que causen un perjuicio patrimonial sin que resulte de las diligencias practicadas que los gerentes de la sociedad hayan infringido sus facultades o ni siquiera la existencia de un perjuicio patrimonial. Más aun, el propio arquitecto declaró que el precio fue ajustado, incluso bajo y que se realizaron pocas mejoras. Por otro lado, no deja de extrañar que quien ejerce la acusación popular en este procedimiento en el que figura como investigado el partido político Podemos vele por los intereses del propio partido al considerarlo como perjudicado en su patrimonio cuando ni el propio perjudicado se considera como tal”.
También alude la Fiscalía a la petición de un informe pericial para acreditar la existencia del delito de administración desleal a fin de determinar si los precios se ajustaban a condiciones de mercado. “Pues bien –precisa en su escrito-, a la luz de las diligencias practicadas la diligencia solicitada no tiene más objeto que mantener la investigación en relación a estos hechos. Y ello por cuanto supone la existencia de confabulación entre el partido político, los gerentes, el arquitecto y los contratistas para fijar un precios superior al de mercado cuando todos ellos han declarado bajo juramento o promesa de decir verdad que los precios eran los propios de mercado y que incluso pueden considerarse ajustados”.
