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La Sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid ha estimado parcialmente el recurso de apelación interpuesto contra el auto de inadmisión a trámite formulado por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 5 de Leganés con relación a la querella presentada por Marea de Residencias por la supuesta comisión de los delitos de homicidio imprudente, lesiones imprudentes, omisión del deber de socorro, trato degradante y prevaricación, cometidos presuntamente en cuatro residencias de ancianos de la citada localidad madrileña durante la pandemia de COVID-19.
Familiares de personas mayores en residencias, agrupados en la Marea de Residencias, presentaron el pasado lunes, 11 de mayo, una querella criminal colectiva con 26 querellantes en los Juzgados de Plaza de Castilla contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero y 10 directores de residencias privadas, concertadas, de gestion indirecta y públicas de Madrid.
La querella se había presentado después de recabar durante semanas el testimonio de decenas de familiares y trabajadores. En las próximas semanas se presentarán otras dos querellas colectivas en diferentes juzgados de la Comunidad de Madrid correspondientes a familiares y trabajadores de residendas de municipios del resto de la región.
Las primeras residencias contra cuyos directores se querellaron los familiares agrupados en la Marea de Residencias son DomusVi-Mirasierra. Aralia-Ensanche de Vallecas, DomusVi-Usera, Aralia-Isabel La Católica, Ballesol Pasillo Verde, Ballesol Mirasierra, Gran Residencia, Centro Integrado Municipal, Margarita Retuerto, Manoteras y AMAVIR-Ciudad Líneal.
La querella pedía que la presidenta de la Comunidad de Madrid, el consejero de Sanidad y los directores de las residencias citadas sean investigados por los presuntos delitos de homicidio imprudente, trato vejatorio, prevaricación y denegación de auxilio.
Respecto a la responsabilidad penal de la presidenta de la Comunidad de Madrid, la querella dice que «la crisis provocada por el COVID-19, que ha terminado convirtiéndose en una pandemia, que tuvo sus primeras manifestaciones a mediados de febrero del 2020 en el Estado español, aunque ya había conocimiento del mismo por los casos que se habían producido fundamentalmente en China y en Italia entre otros países, no fue abordada por la Comunidad de Madrid que tiene plenas competencias, como indicaremos más adelante, en sanidad y en el control de las residencias de personas mayores».
La demanda continúa con textos como «en la Comunidad de Madrid existen 475 residencias con unos 50.000 residentes, de las cuales solo 25 son totalmente públicas, el resto son o privadas totalmente o concertadas, pero con propietarios de las mismas privados que a veces son fondos de inversión opacos».
«En la Comunidad de Madrid, los fallecidos en residencias al momento de redactar esta querella a principios de mayo ascienden a 7.092, 5.688 por coronavirus, que representan casi el 50% de los fallecidos en residencias en todo el país, cifra muy alarmante teniendo en cuenta, por ejemplo, que en toda Francia en residencias de mayores han fallecido 7.000 ancianos y en Italia 7.200 en total (cifras a finales de abril)», añade la querella.
Se expone también que «el 26 de marzo se publica por el consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, los datos desagregados de todas las residencias. En dichos datos, el porcentaje de fallecidos en residencias totalmente públicas es del 1,63% y de las residencias privadas un 2,18%. En las trece residencias privadas intervenidas, los fallecidos superan el 10% del total de fallecidos en las residencias de la Comunidad de Madrid».
La Marea de Residencias está formada, explican, por «un colectivo de residentes, trabajadores, familiares: personas, que por encima de cualquier posible vinculación partidista o asociativa, se unen para reflexionar, visibilizar y luchar contra los acuciantes problemas que todos los días ocurren en las residencias de mayores, de diversidad funcional y en el trabajo de la atención domiciliaria, debido en primer lugar a que nunca debió permitirse el negocio a costa de los más vulnerables».
