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Ayuso solicita al Gobierno 759 policías y guardias civiles para controlar el cumplimiento del Estado de Alarma

Gacetín Madrid

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La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha reunido hoy con el delegado de Gobierno en la región, José Manuel Franco, con el que ha acordado trabajar conjuntamente para coordinar las actuaciones derivadas del Estado de Alarma decretado este domingo por el Gobierno central.

En el encuentro desarrollado en la Real Casa de Correos, en la Puerta del Sol, y de más de una hora de duración, han participado también los consejeros de Justicia, Interior y Víctimas, Enrique López, y de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero.

«Para la Comunidad de Madrid es importante establecer normas claras y concisas con el fin de que se garantice el cumplimiento efectivo de las medidas contempladas con el Estado de Alarma, como la limitación de movilidad, el control de las cuarentenas y aislamientos así como las restricciones horarias», ha indicado Ayuso. Por ello, el Ejecutivo autonómico «considera fundamental la colaboración de la Delegación del Gobierno en Madrid, como le ha venido solicitando en semanas anteriores».

Asimismo, la Comunidad de Madrid ha solicitado la aportación de 759 efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, además de los agentes de la Guardia Civil necesarios para el control de estas medidas en los municipios que carecen de Policía Municipal.

En ese marco de máxima colaboración entre administraciones, la Comunidad de Madrid ha pedido que se establezcan mecanismos de coordinación estrecha entre las Jefaturas de los Cuerpos de la Policía Local y los responsables de Policía Nacional o Guardia Civil en su demarcación correspondiente, con el objetivo de concretar en ellas la distribución, el espacio temporal de efectivos y funciones que hagan eficaces las medidas adoptadas.

Por otro lado, el Gobierno madrileño ha expuesto la necesidad de que se refuercen los controles en el Aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas con protocolos comunes con el resto de la red, con la petición de pruebas PCR en origen para «garantizar la seguridad de los ciudadanos que entran y salen de nuestras fronteras».

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