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La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado que impulsará personalmente la realización de test rápidos o de antígenos en las farmacias madrileñas para que, por unos 4 o 5 euros cada uno, «todos los ciudadanos en poco tiempo se puedan hacer uno, conocer su estado y todos aquellos que den positivo se queden casa y todos los demás sigan adelante». Lo concretará en una reunión este mismo lunes.
Así lo ha indicado este domingo, 18 de octubre, en una entrevista televisiva recogida por Gacetín Madrid. Ayuso anunció esta misma semana que estaba ya en contacto con el sector farmaceútico y ha requerido la ayuda del Gobierno central para elaborar una ley que permita hacerlo.
El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid, que lo ha aplaudido, ya reiteró la semana pasada la oferta de colaboración que hizo a las autoridades sanitarias madrileñas, hecha primeramente el 31 de agosto, para reforzar la detección rápida de contagios de la COVID-19 a través de la realización de test antigénicos en las oficinas de farmacia.
«Una vez actualizada la Estrategia de detección precoz, vigilancia y control de la COVID-19 por parte del Ministerio de Sanidad, con la inclusión de los test antigénicos como herramienta de diagnóstico y cribado, la red madrileña de 2.897 oficinas de farmacia puede convertirse en uno de los activos sanitarios más valiosos del sistema de vigilancia epidemiológica para frenar la cadena de contagios, gracias a su accesibilidad y cercanía a la población», exponen desde el Colegio.
Añaden que «países como Francia, Portugal, Australia o Canadá han recurrido a sus farmacéuticos para hacer pruebas serológicas o de antígeno a la población, incrementando así sus posibilidades de detección del virus y contribuyendo a que sus Gobiernos no deban adoptar medidas de excepción que impactan, de forma dramática, en las vidas de los ciudadanos y en la economía del país».
Por su lado, desde la Mesa de la Profesión Enfermera, integrada por el sindicato de enfermería SATSE y el Consejo General de Enfermería (CGE), rechazan la propuesta y denuncian que se trata de «una actividad sanitaria asistencial que deben realizar, en todo caso, las enfermeras y enfermeros u otros profesionales sanitarios cualificados».
“Es un absoluto despropósito querer convertir las oficinas de farmacia, que no olvidemos que son un negocio privado, en centros sanitarios para realizar este tipo de pruebas, cuando estaríamos propiciando, además, la aparición y propagación de nuevos posibles focos de contagio de la COVID-19 entre la ciudadanía al incentivar el incremento sustancial de un número importante de personas en un mismo espacio que, generalmente, es cerrado y limitado en su estructura”, exponen desde la Mesa.
