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La Comunidad de Madrid ha aprobado la realización de operaciones financieras a largo plazo por importe de 297 millones de euros, autorizadas previamente por el Ministerio de Hacienda el pasado 23 de junio. Su finalidad es cubrir las necesidades de financiación provocadas el impago del IVA del mes de diciembre de 2017 que el Gobierno de España debía haber liquidado a las comunidades autónomas en 2019.
El cambio normativo en el Sistema de Suministro Inmediato de Información del IVA que se llevó a cabo en 2017 ha provocado que las autonomías no recibieran la parte correspondiente al mes de diciembre en la liquidación del IVA, generando una desviación en el objetivo de estabilidad.
Por ello, el Gobierno de España acordó, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera del pasado mes de febrero, que esta pérdida de ingresos por el IVA de 2017 no sería tenida en cuenta a efectos del cumplimiento del déficit. Así, la Comunidad de Madrid cumplió el objetivo de déficit en 2019, fijado en el 0,1% del PIB.
Asimismo, se estableció que el Gobierno facilitaría a las autonomías mecanismos de financiación para poder cubrir la desviación generada por esta situación. En el caso de Madrid, el impacto económico es de 396 millones, de los que el Estado sólo ha autorizado la realización de préstamos a largo plazo y emisiones de deuda por el 75% del total, es decir, 297 millones de euros.
Madrid es la única comunidad autónoma que ha recibido luz verde por parte del Gobierno para financiar en los mercados la desviación del objetivo de estabilidad de 2019, garantizando su independencia financiera y evitando así tener que recurrir a préstamos estatales a través del Fondo de Facilidad Financiera.
El Gobierno regional ha podido cubrir ya las necesidades de financiación previstas inicialmente para 2020 por la cantidad total de 4.173 millones de euros, autorizadas por el Consejo de Ministros en el mes de febrero, gracias a su alta calidad crediticia y a su buena reputación entre la comunidad inversora.
Este hecho le ha permitido garantizarse la liquidez durante estos meses, para hacer frente de manera temporal a todo el gasto extraordinario que se ha producido debido a la crisis del COVID-19.
Uno de los factores que reflejan el interés de los inversores por la región es el hecho de que la Comunidad de Madrid es la región con el porcentaje de deuda/PIB más bajo de todas las regiones de régimen común (un 14% frente al 23,7% de la media nacional en 2019).
La primera administración pública en emitir bonos verdes
En cuanto a las principales operaciones llevadas a cabo en 2020 destaca una emisión pública sostenible por un monto de 1.250 millones, un bono verde de 700 millones, un préstamo del BEI (600 millones), otro con el Banco de Desarrollo del Consejo de Europa por 200 millones, el primer Bono Social Sanitario realizado en España por importe de 52 millones y el programa de emisión de pagarés con un importe actual de 350 millones. En cuanto al bono verde, hay que reseñar que se ha tratado del primero de estas características emitido por una Administración Pública española.
Además, se han llevado a cabo dos operaciones de cancelación anticipada de los dos préstamos que la Comunidad tenía con el Estado y que se remontan a la anterior recesión económica. El principal estaba vinculado al Fondo de Facilidad Financiera, formalizado en 2015 y con un saldo vivo de más de 1.150 millones.
Mediante la amortización de estas operaciones, la Comunidad de Madrid se aprovecha de las buenas condiciones de financiación y de su reputación en los mercados de capitales para conseguir un ahorro en el pago de intereses y hacer una gestión más eficiente de sus vencimientos de deuda.
