junio 2020

CSIF critica que la Consejería de Educación «dicte instrucciones a menos de dos días de la apertura de los centros educativos de la Comunidad de Madrid».

La Consejería de Educación ha convocado esta semana a los sindicatos de Educación de Madrid para tratar el documento de incorporación a los centros educativos el próximo lunes, 8 de junio, que se ha publicado el  viernes, a menos de dos días de la reapertura de dichos centros.

Se trata de un documento de 72 folios con “instrucciones y medidas de desarrollo y adaptación a la incorporación del personal docente y personal funcionario y laboral” de los centros educativos públicos no universitarios con motivo de COVID-19.

El sindicato CSIF ha criticado que el personal afectado «no conocerá dicho documento hasta el mismo lunes, día de su reincorporación, lo que muestra una vez más la improvisación de la Administración regional porque la Consejería de Educación no va a poder garantizar la aplicación de estas medidas e instrucciones».

Desde CSIF consideran que «es una temeridad e irresponsabilidad por parte de la Consejería de Educación poner en funcionamiento los centros en estas condiciones, a sabiendas de que se va a poner en grave riesgo la seguridad y salud de trabajadores y alumnos, y de que no se cuenta con el aval de las autoridades sanitarias».

Además, «este regreso precipitado provoca incertidumbre entre las familias y los propios profesionales, ya que no se han realizado las pruebas PCR previas a tanto a alumnos como a todos los empleados públicos que van a prestar el servicio».

En la reunión mantenida con la Dirección General de Recursos Humanos de la Consejería, CSIF Educación Madrid ya manifestó que el regreso a las aulas «debe ser en septiembre para poder planificarlo con plenas garantías de seguridad y evitando la improvisación».

En este sentido, «consideramos que se debe continuar con la enseñanza a distancia, no exigiendo a ningún trabajador, en la actual situación, la asistencia a los centros educativos».

«Según nos trasladan desde la Administración, este documento tendrá una vigencia para lo que resta del curso 2019-2020, continuando a partir de la próxima semana con una planificación para el próximo curso, que se centrará en la distancia de seguridad que se deberá guardar en todos los centros educativos», indican.

Desde CSIF Educación Madrid «reiteramos de nuevo que es precipitado la apertura de los en estos momentos sin garantizar la seguridad y salud de los trabajadores y sin ningún aval de las autoridades sanitarias .

Por ello, «ofrecemos toda nuestra colaboración a la Consejería de Educación para negociar un plan de regreso a los centros para el próximo curso con totales garantías de seguridad».

• El servicio de trenes se prolongará hasta la 01:30 horas.
• Además, habrá un incremento del número de trenes y se reabrirán los accesos a las estaciones que aún permanecían cerrados.

En esta fase el Gobierno central posibilita la apertura de centros educativos no universitarios y de formación para que los alumnos que necesiten refuerzo puedan acudir de forma voluntaria.

Para ello, la Consejería de Educación y Juventud ha enviado las instrucciones para organizar el retorno a las aulas de aquellos estudiantes en los que se ha detectado que han tenido una especial dificultad en los estudios a distancia, ya sea por carencia de medios tecnológicos o por tener necesidades especiales del aprendizaje derivados del COVID-19.

En este caso, se van a desarrollar tutorías y clases voluntarias en grupos reducidos, previa cita de los alumnos o sus familias, con el objeto de reducir las potenciales diferencias educativas que pudieran haber surgido.

Además, los centros dispondrán de autonomía para la organización de estas sesiones en función de sus características: asistencia alterna, semigrupos paralelos, distribución de alumnos, reordenación de horarios dentro del horario establecido, turnos, entradas y salidas escalonadas. Asimismo, podrán reorganizar el horario de las sesiones y el número de las mismas diarias, las que corresponda por asignatura y los periodos de recreo.

De este modo, podrán acudir a partir del lunes 8 de junio los alumnos de Educación Primaria que necesiten refuerzo, mientras que los de 2º de Bachillerato se reincorporarán a las aulas a partir del día 16, ya que hasta entonces se encontrarán realizando sus exámenes de fin de curso.

Cuando finalicen estas pruebas podrán ir a sus centros educativos, de forma voluntaria, para recibir clases de refuerzo teniendo en cuenta que se enfrentarán a la EBAU los días 6, 7, 8 y 9 de julio. Además, los centros, si lo estiman oportuno, podrán organizar clases de refuerzo para el resto de Educación Secundaria, tras realizar los exámenes finales ordinarios.

Por su parte, la reincorporación a las clases presenciales en las escuelas infantiles se producirá una vez que la Comunidad entre en la Fase III de desescalada. Será de manera voluntaria y siempre que se cumplan todas las garantías sanitarias, cuando los alumnos de primer ciclo de Educación Infantil (de 0 a 3 años) cuyos progenitores deban trabajar fuera de casa.

Para ello, estos deberán acreditar, según se les indique desde el centro, la justificación de la imposibilidad de realizar su trabajo a distancia. Esta restricción desaparecerá cuando dejen de estar en vigor las fases. Por último, la apertura de academias y autoescuelas será con un tercio del aforo y priorizando la formación online.

El sindicato CCOO, a través de su secretario general de Madrid, Jaime Cedrún, firmó ayer un acuerdo de colaboración con la FRAVM para apoyar económicamente las iniciativas de solidaridad que se están desarrollando desde el movimiento vecinal como consecuencia de la crisis social derivada del COVID-19. Quique Villalobos, presidente de la federación vecinal, participó en el acto de firma, agradeciendo el gesto solidario de la organización sindical.

CCOO y la FRAVM han dado un paso más en su ya dilatada trayectoria y estrecha colaboración en «la defensa de los derechos sociales, la calidad de vida de la ciudadanía, la igualdad y la democracia». La alianza entre ambas organizaciones se refuerza en un momento especialmente sensible y extraordinario, a través de la aportación económica de CCOO a las iniciativas vecinales que se están activando para dar respuesta al incremento de las necesidades de las familias fuertemente golpeadas por la crisis económica y social derivada de la pandemia.

Según ambas organizaciones, «nos encontramos ante un escenario sin precedentes con efecto en lo global pero con gravísimas consecuencias en lo cotidiano. Miles de personas y familias, menores y personas vulnerables están viviendo situaciones dramáticas, de carencia material severa, ante las que ni siquiera pueden cubrir sus necesidades más básicas y vitales, como la alimentación. La demanda de cobertura alimentaria y de ayudas de emergencia social se ha triplicado en estos tres meses de coronavirus, según datos de organizaciones sociales especializadas».

«Esta situación se ve agravada por la escasa o nula respuesta de las administraciones que se ven desbordadas. Como ya ocurrió en 2008, las debilidades de nuestros Sistemas de Protección Social se han puesto en evidencia nuevamente. Aquel momento crítico no conllevó ninguna mejora sino todo lo contrario», exponen.

«La solución a la crisis del 2008 fueron recortes y más recortes de los que las políticas sociales y especialmente los servicios sociales públicos, fueron objetivo principal. Estos recortes no han sido revertidos y los servicios sociales afrontan profundamente debilitados, infradotados, esta nueva crisis de dimensiones devastadoras. No es de recibo que en la región más rica de España, más de 300.000 personas se encuentren en pobreza severa, sin tener en cuenta las personas que golpeadas por la crisis han traspasado la frontera de la vulnerabilidad», inciden.

Ante este «déficit indecente», las redes vecinales con las que va a colaborar CCOO son «respuestas solidaria»s que, organizadas desde la sociedad, «se convierten en un instrumento necesario de contención inmediata y directa, algunas veces la única respuesta».

Sin embargo, las dos organizaciones consideran que «la atención de esta emergencia no puede recaer en estas iniciativas y que en todo caso, estas deben ser tratadas como complementarias de las políticas públicas». En este sentido, CCOO y la FRAVM manifiestan que «el refuerzo de las políticas sociales y en especial, aquellas destinadas a la lucha contra la pobreza y la exclusión social, son reivindicaciones imprescindibles y urgentes para blindar los derechos sociales y la protección de la ciudadanía, con una aspiración de transformación profunda y reactivación de los servicios sociales públicos».

• Con esta fórmula, la Administración regional aprovecha los tipos de interés negativos, teniendo que devolver menos de lo prestado.
• Esta operación se suma al préstamo del Banco Europeo de Inversiones, la emisión del primer Bono Social Sanitario y del primer Bono Verde de una Administración Pública.

La Comunidad de Madrid ha cerrado la primera operación enmarcada en su Programa de Emisión de Pagarés para financiar su deuda desde que el Consejo de Ministros diese luz verde el pasado mes de marzo a esta novedosa fórmula de financiación. Se trata de una operación a corto plazo, concretamente 9 meses, y con un importe de 18,6 millones de euros.

La ventaja de este tipo de operaciones es que la Administración regional se beneficia de los tipos negativos, por lo que además de conseguir liquidez, tiene que devolver menos de la cifra ingresada por la operación, una vez venzan los plazos fijados. La situación de tipos negativos está motivada por la actual política monetaria del Banco Central Europeo, que fija la facilidad marginal de depósito en el -0,50%.

El Gobierno regional, a través de la Consejería de Hacienda y Función Pública, tiene vía libre para realizar operaciones de estas características por un saldo vivo de 500 millones de euros durante los próximos cinco años. La orden mínima de cada operación debe ser de diez millones de euros, a devolver en tres, seis, nueve o doce meses, o de cualquier otro tipo de plazo siempre que no supere el año.

Con esta nueva emisión de pagarés se constata y refuerza la imagen de solvencia de la Comunidad de Madrid en los mercados nacionales e internacionales de deuda. De hecho, la operación de Caixabank se ha cerrado apenas unos días después del acuerdo con el Banco Europeo de Inversiones (BEI) por un importe de 600 millones de euros, destinados a luchar contra el COVID-19. Se trata de la primera región española en recibir financiación del BEI para hacer frente a la emergencia sanitaria.

A todo ello hay que sumar la recientes emisiones del primer Bono Social Sanitario en España y del primer Bono Verde de una Administración Pública española, para financiar proyectos sanitarios y medioambientales respectivamente.

Según los datos aportados por el Banco de España, la Comunidad de Madrid ha cerrado 2019 como la comunidad autónoma del sistema de régimen común con un menor nivel de endeudamiento, junto con Canarias. Todo esto va a permitir al Ejecutivo regional afrontar con mayor solvencia los retos derivados de la pandemia.