Con esta última adquisición, realizada de forma centralizada por ADIF, la entidad pública empresarial adscrita a Mitma, mediante la tramitación de emergencia, el número de mascarillas recibidas por este departamento asciende a más de 7 millones, al sumarse a las anteriores remesas gestionadas a través de Puertos del Estado.
Estas mascarillas de protección se están distribuyendo ya entre trabajadores del Grupo Mitma, de Correos y de compañías de transporte, así como a comunidades autónomas, estas últimas para su entrega a trabajadores de transporte público terrestre de competencia autonómica y local.
En el sector del transporte terrestre, por ejemplo, ya se han recogido por empresas y autónomos del sector más de 600.000 mascarillas de las oficinas de Correos, de las más de 900.000 que tienen a su disposición.
A estas cifras hay que añadir las 156.000 que se han entregado a las Comunidades Autónomas para su reparto entre los trabajadores de transporte urbano por autobús, metro, tranvía y ferrocarril de competencia autonómica y local, o las entregadas a las empresas privadas de transporte de mercancías por ferrocarril.
Adicionalmente, está previsto que este lunes comience el reparto de un nuevo envío recibido esta semana, de más de 2 millones de mascarillas.
Con estos dos repartos, MITMA pondrá a disposición del sector de transporte terrestre más de 3.300.000 de mascarillas, sector que en estos momentos resulta un servicio esencial y que incluye a empresas y autónomos que realizan transporte público de mercancías por carretera, transporte de viajeros por autobús, servicios de taxi y VTC y transporte sanitario, así como a las empresas privadas de transporte de mercancías por ferrocarril. Se incluye en este reparto los trabajadores de transporte público terrestre de competencia autonómica y local.
La adquisición de estos envíos se ha realizado por el procedimiento de emergencia, conforme a lo dispuesto en el artículo 16 del Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19, al amparo de lo previsto en el artículo 120 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
