Ayuso resucitará el proyecto de la Ciudad de la Justicia tras la sentencia del Supremo

La Comunidad de Madrid ya trabaja en resucitar antiguo proyecto de la Ciudad de la Justicia que arrancó hace más de 10 años en el barrio madrileño de Valdebebas tras el fallo del Tribunal Supremo, que da la razón al Gobierno de Ayuso sobre el recurso interpuesto por las empresas concesionarias del proyecto anterior, Acciona y OHL, que tendrán que asumir los gastos.

La Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal ha decidido dar la razón a la Comunidad de Madrid respecto a este recurso contra una sentencia previa del 2017 en la que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) le daba la razón a Cristina Cifuentes a la hora de abandonar el proyecto de la Ciudad de la Justicia que le dejó en herencia su antecesor, el también presidente regional por el PP Ignacio González, enjuiciado por el caso Lezo.

González adjudicó este contrato a Acciona y OHL por 1.121 millones de euros en sus últimos días de mandato, cuando ya sabía que no iba a repetir como candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid. La propia Cifuentes decidió no continuar, argumentando que existían «infracciones no subsanables en el desarrollo del contrato».

Este desarrollo urbanístico dio comienzo en 2008 y se llegó a construir el edificio del Instituto de Medicina Legal, uno de los 15 proyectados, conocido popularmente como «donut». Sin embargo, nunca llegaron a ocuparse estas instalaciones.

Tras más de 100 millones de euros invertidos, en 2014 se declaró la liquidación total de la sociedad adjudicataria del proyecto, ‘Campus de la Justicia’, que estaba conformada por Acciona y OHL, con la que se mantenía el litigio judicial en el Tribunal Supremo. Desde entonces, se había decidido agrupar temporalmente las sedes judiciales de Madrid en tres zonas o núcleos, hasta la resolución del Supremo.

Ahora, con esta decisión del Tribunal Supremo el Gobierno regional liderado por Isabel Díaz Ayuso ya tiene las manos libres para poder diseñar su propio proyecto con el fin de concentrar todos los órganos judiciales en la zona de Valdebebas, distrito madrileño de Hortaleza, algo que la propia presidenta ya había anunciado en el inicio de la legislatura pero que no había podido ejecutar dado que todo estaba paralizado hasta que el Supremo se pronunciase.

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