La Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, a través de la Dirección General de Inspección y Ordenación Sanitaria, ha incorporado 15 nuevos médicos de Inspección Sanitaria. 15 nuevos inspectorres que toman posesión de su puesto de trabajo, «con las que la Comunidad contribuye a mejorar las condiciones sanitarias del Servicio Sanitario, tanto público como privado en nuestra región», han indicado fuentes regionales.
El cuerpo de inspectores sanitarios tiene diferentes funciones dentro de su actividad. Son los garantes de comprobar y emitir las autorizaciones de los centros, servicios y establecimientos santiarios, tanto públicos, como privados, garantizando la calidad de las infraestructuras para prestar el servicio, así como la adecuación de las mismas, ya sean consultas médicas, dentales, centros de tatuajes, piercing, u hospitales.
Además de las instalaciones, son los encargados de velar por la correcta aplicación de la normativa vigente en cuanto a la titulación del personal sanitario necesario según el tipo de servicio que se preste al ciudadano.
Además, estos inspectores son los encargados de controlar las bajas laborales. Una actividad con un gran volumen de trabajo, puesto que mensualmente se emiten cerca de 94.000 partes de baja y unos 89.000 partes de alta. Una labor, la de control de las bajas laborales, que sirve de asesoramiento a médicos y pacientes, y contribuye al correcto funcionamiento del sistema público de la Seguridad Social.
Son estos inspectores quienes se encargan de emitir las respuestas a las consultas de empresas, mutuas colaboradoras y organismos públicos como juzgados o el propio Instituto Nacional de la Seguridad Social, cuando surgen dudas sobre una baja laboral.
Un trabajo basado en la doble formación que poseen los inspectores de este cuerpo, puesto que a su conocimiento de la función administrativa, se une la formación sanitaria a los que hay que añadir el caracter independiente e imparcial que permite que el trabajo de control y seguimiento de los centros, las bajas laborales, y también de la elaboración de informes técnicos sanitarios para las reclamaciones de gastos remitidas por presunta responsailidad patrimonial, sean totalmente objetivos y respondan a los criterios de calidad y servicio público del que es garante la Comunidad de Madrid.
