El Defensor del Profesor atendió el curso pasado a 1.148 profesores madrileños por acoso y violencia

El sindicato independiente ANPE y el Defensor del Profesor han presentado hoy, en rueda de prensa, los informes de Madrid y nacional correspondientes al curso 2018-2019 sobre la situación del profesorado.

El informe del Defensor del Profesor de ANPE muestra, en el ámbito nacional, una preocupante estabilización en el número de casos de acoso y violencia hacia los docentes.

Casi 37.000 docentes han sido atendidos por ANPE desde la creación del Defensor del Profesor. De ellos, 2.174 corresponden al último curso, lo que supone una cifra similar al año anterior, con 2.179 casos.

Concretamente en la Comunidad de Madrid, el número de actuaciones con profesores realizadas por el Defensor del Profesor en el curso pasado ha sido de 1.148, 21 menos que en el curso anterior.

El 56 % de las llamadas recibidas han sido de profesores de Educación Infantil (7 %) y Primaria (49 %); 35 % corresponden a Educación Secundaria y Bachillerato, cifras similares a las del curso anterior.

Sin embargo, se ha producido un incremento en las actuaciones correspondientes al epígrafe “Otros”, que incluye Centros de Adultos, Escuelas Oficiales de Idiomas, Conservatorios de Música y Danza, etc.), que han pasado del 2 al 6 %.

Andrés Cebrián del Arco, presidente de ANPE-Madrid, recordó la entrada en vigor, en la Comunidad de Madrid, del Acuerdo Sectorial Docente, ratificado en enero de 2018, y el Decreto de Convivencia, de abril de este año, cuya aplicación «es de gran importancia para la convivencia en los centros.»

Aunque recalcó que ANPE-Madrid cuestionó algunos aspectos concretos del Decreto, afirmó que incorpora la mayoría de las aportaciones realizadas por ANPE-Madrid, entre otras, la no inclusión de la mediación y el acuerdo educativo como procedimientos para la corrección de conductas contrarias a la convivencia escolar; un régimen disciplinario similar al del Decreto anterior; la referencia explícita a la Ley de Autoridad del Profesor; el reconocimiento del papel del profesorado, como elemento clave del sistema educativo; el respeto a su libertad de cátedra o la canalización de la participación de los miembros de la Comunidad Educativa a través de los Consejos Escolares de los centros.

Por otra parte, Andrés Cebrián destacó que el Acuerdo Sectorial Docente contempla la incorporación, hasta el curso 2020-21, de 2800 nuevos efectivos, 500 de ellos para atención a la diversidad, un punto de partida para la recuperación de las condiciones sociales y profesionales del profesorado, aunque queda mucho por hacer.

“Es prioritario que se produzca no solo un descenso de las ratios por aula, sino también del horario lectivo de los profesores” —afirmó el presidente de ANPE-Madrid. Y manifestó que los docentes están desbordados por el elevado número de alumnos que deben atender, sumado a la sobrecarga de tareas burocráticas.

Por eso insistió en la importancia de aumentar las plantillas de profesores de los centros, para atender a actividades de refuerzo, desdobles, ampliación y especialmente de aquellos destinados a atención a la diversidad, como PT, AL, PTSC u orientadores.

“Es urgente abordar la actualización de la legislación que afecta a las ratios y la atención a la diversidad, para alumnos con necesidades educativas especiales, ya que, a falta de legislación, se sigue aplicando la de 1990”, afirmó Andrés Cebrián.

El presidente de ANPE-Madrid recordó que la Administración debe defender y tutelar, mediante normas, a todos los miembros de la Comunidad Educativa frente a posibles agresiones que lesionen sus derechos o su imagen pública, incluidas las realizadas a través de las redes sociales.

Desde el Defensor se ha detectado que grupos minoritarios, carentes de representatividad, se coordinan de forma anónima y, mediante un uso pernicioso de las redes sociales, lanzan infundios que lesionan la imagen pública de docentes, equipos directivos y otros miembros de la comunidad educativa, pudiendo incurrir en acoso o en la vulneración del derecho al honor.

Los profesores que se ven envueltos en estas acusaciones ficticias, donde su profesionalidad e imagen pública son afectadas y denostadas, se encuentran en una situación de indefensión.

Asimismo, el presidente de ANPE-Madrid contrapuso los planteamientos y actitudes de estos sectores a las experiencias diarias de los docentes y las manifestaciones de la mayoría de los padres, confirmadas por el Estudio sobre el grado de satisfacción de las familias madrileñas con la educación en la Comunidad de Madrid, realizado entre el 1 de junio y el 6 de julio de 2018, a través de 1.650 entrevistas a familias con hijos escolarizados en Educación Primaria y Secundaria, pues en el apartado relativo al profesorado, las familias se muestran “satisfechas” o “muy satisfechas” con la preparación de las clases, con la atención a los alumnos y la capacidad que tienen los docentes para hacerse entender.

Andrés Cebrián recordó la campaña presentada por ANPE en la rueda de prensa del Defensor del Profesor de 2018, para reclamar el uso responsable de los grupos de WhatsApp y la colaboración de las familias para frenar las faltas de respeto hacia el profesorado.

También manifestó su gratitud a los medios de comunicación por su profesionalidad y buen hacer, pues la mayoría se preocupa por contrastar la información antes de hacerse eco de acusaciones sin base que pueden lesionar derechos, ser objeto de acciones legales y causar graves daños psicológicos a los docentes, los centros educativos y, en general, a todo el sistema, e insistió en que “la inquietud e inseguridad que provocan tienen graves consecuencias sobre todo el proceso educativo, al crear un sentimiento de desprotección en el profesorado”.

“ANPE-Madrid —concluyó Cebrián— seguirá pidiendo la intervención de los agentes sociales para que el abuso de las redes sociales sea regulado y no se puedan utilizar impunemente para lesionar los derechos de cualquier miembro de la comunidad educativa, sean alumnos o profesores”. Y reiteró que “es imprescindible situar la educación en el centro de los intereses y prioridades de la sociedad y dignificar la profesión docente, que debe ser reconocida y protegida desde todas las instancias de la sociedad”.

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