La Fiscalía de Madrid pide 3 años de prisión para un ex alto cargo del Instituto Nacional de Consumo por fraude

El juicio dará comienzo el martes, 15 de octubre, en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Madrid.

La Fiscalía Provincial de Madrid solicita tres años de prisión y diez de inhabilitación para Carlos Arnaiz Ronda, ex subdirector general de calidad del Consumo del Instituto Nacional de Consumo, un organismo integrado en la actualidad en la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición, por los delitos continuados de fraude y prevaricación. Para Josep Tous Andreu reclama la misma pena de prisión en su condición de cooperador necesario en el delito de fraude.

Según se recoge en el escrito de acusación, las dos personas que se sientan en el banquillo se concertaron para adjudicar de modo “fraudulento” en 2006 y 2011 a sociedades administradas de hecho o vinculadas a Tous  los cinco contratos licitados por la Subdirección General de Calidad del Consumo del Instituto Nacional de Consumo para beneficiar a dichas sociedades, “sin primar ni proteger los intereses públicos, bajo la apariencia de procedimientos legales de contratación”.

Las empresas referidas eran: SUPLEMENTOS SL (también SUPLE SL), IMEXPER SL (posteriormente IECONSUMO OBSERVATORIO DEL CONSUMO SL)  y COLUMNA CONSULTORS SL, sociedades administradas de hecho por Tous  y BEAGLE MARKETING & STRATEGY S.L., sociedad cuyo apoderado era J. C. C., y en cuyo nombre Josep Tous presentó varias ofertas.

La Fiscalía sostiene que debido a la actuación de Arnaiz y Tous, los cinco contratos de servicios se adjudicaron vulnerando la normativa reguladora de la contratación en el sector público, “causando un menoscabo a la corrección de los procesos de gestión de recursos públicos e infringiendo el deber de funcionamiento conforme a los principios de transparencia, publicidad y objetividad en la contratación de entes públicos y los de  economía y eficiencia en los procesos de gasto público”.

Para llevar a cabo lo acordado los acusados, por ejemplo, fraccionaron el importe de algunos de los contratos para no superar la cantidad de 30.050,61 € previsto en el artículo 210 h) del RDL 2/2000 de 16 de junio, que permitía acudir al procedimiento negociado sin publicidad previa. Simularon también la concurrencia a las adjudicaciones de contratos puesto que la empresa de Josep Tous o vinculada a él que resultara adjudicataria de cada contrato estaba ya predeterminada por los acusados.

Al exigir el procedimiento negociado la concurrencia de al menos tres ofertas alternativas, para dar apariencia de legalidad en la tramitación y adjudicación del expediente, Josep Tous presentaba tres ofertas de sociedades distintas, pero controladas por el mismo, de modo que el presupuesto de la empresa ya convenida resultara siempre el de menor importe y por ello el más ventajoso económicamente. Así evitaban la posible concurrencia, licitación o intervención de terceros.

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