IU denuncia a Alberto Ruiz Gallardón por prevaricación y malversación por las obras de la M-30

El modelo de gestión privado ha supuesto, como mínimo, un quebranto de 2.000 millones de euros para las arcas públicas, según denuncian desde IU.

Las diputadas de la Asamblea de Madrid Sol Sánchez y Vanessa Lillo, así como el Responsable de Políticas Económicas de Izquierda Unida y exconcejal de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid, Carlos Sánchez Mato, han presentado en rueda de prensa la denuncia interpuesta a Alberto Ruiz Gallardón y 13 personas más por las obras de Madrid Calle 30.

Consta, además de 76 páginas del escrito registrado, de casi 18.000 páginas en 19 anexos, en las que se detallan las «gravísimas irregularidades» que deben ser investigadas por Fiscalía Anticorrupción por «los graves indicios de delito».

«Elección de un modelo de gestión sin estudio de viabilidad económica y sin justificación, connivencia con las empresas adjudicatarias de las obras, sobrecostes sin certificación o documentación que los justifique, pagos millonarios por infraestructuras y servicios que no existen o no se realizan», han denunciado.

«Todo ello -inciden- a costa de los presupuestos públicos de Madrid y ha supuesto un beneficio adicional y extraordinario para determinadas empresas privadas. Estos hechos podrían ser encuadrados, al menos, en los delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos de los artículos 404 y 432 del Código penal».

La comisión de investigación de la M-30 llevada a cabo por el Ayuntamiento de Madrid concluyó con un dictamen aprobado por el Pleno. En el mismo se concluía que, además de constatar «la ilegalidad de las obras realizadas», el modelo de gestión elegido de gestión indirecta es «claramente lesivo para las arcas públicas ya que supone más de 2.012 millones de euros de quebranto para el Ayuntamiento».

Precisamente por ese motivo, el dictamen recomendaba revertir, de manera inmediata, el modelo de gestión de la sociedad volviendo al modelo original de empresa 100% municipal y garantizando un minucioso control sobre el mantenimiento y la explotación de la infraestructura.

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