- Uno cada de cada tres viajes en autobús en la Comunidad de Madrid se hace de forma irregular, según la asociación.
- «La inacción de la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid frente a los autobuses piratas provocan 60.000.000€ de pérdidas a las empresas madrileñas», indican.
La asociación de Autocares Independientes Discrecionales de Madrid ha organizado este martes, 5 de marzo, una mesa redonda sobre «la problemática del intrusismo y la competencia desleal en el transporte discrecional de Madrid», contando con alguno de los expertos sobre transporte discrecional más importantes de España.
En dicha mesa se ha expuesto que «durante los últimos 20 años la inacción de la administración y el trato de favor están generando una profunda desregulación del transporte discrecional con la aparición y expansión de operadores clandestinos (portugueses, chinos y sudamericanos principalmente) que degradan la calidad del servicio, utilizan vehículos sin homologar, e incumplen la normativa laboral, lo que provoca intrusismo y competencia desleal que perjudica a las empresas madrileñas».
«Así mismo -añaden- las administraciones mantienen bloqueada la renovación de los concursos y concesiones públicas de las principales rutas nacionales que llevan décadas sin salir a concurso, lo que provoca un cada vez mayor proceso de concentración del sector en grandes en empresas».
En la Comunidad de Madrid, 150 autobuses de empresas portuguesas «prestan sus servicios de forma clandestina y con total impunidad transportando a más de 400.000 viajeros por la comunidad incumpliendo la ley de cabotaje, que regula los días en los que las empresas extranjeras de transporte pueden prestar sus servicios en otro país y que incumplen también las condiciones laborales que establece el convenio colectivo del transporte madrileño y que es de obligatorio cumplimiento para las empresas que operan en la Comunidad de Madrid ya que estas empresas portuguesas pagando a sus trabajadores sueldos de 800€ y que viven en condiciones ínfimas en barracones que repercuten directamente en la calidad del servicio y en la seguridad del mismo».
En cuanto al transporte nacional, inciden en que «1 de cada 3 de los servicios de transporte que se realizan en la Comunidad de Madrid son realizados por empresas nacionales que no cuentan con centro de trabajo en la propia comunidad, incumpliendo el convenio colectivo y los derechos laborales de sus trabajadores, de obligatoria aplicación en Madrid, con sueldos mucho más bajos y consecuentemente compitiendo en diferentes condiciones con los empresarios madrileños, lo que supone un claro ejemplo de competencia desleal para las empresas madrileñas».
A nivel de impacto económico, «la actuación irregular de las empresas clandestinas que operan en la Comunidad de Madrid supone un perjuicio de 60.000.000€ a las empresas madrileñas». «Es de destacar, también, que en los últimos 10 años han cerrado 562 empresas de transporte en toda España», añaden.
Respecto a la situación de las líneas regulares en el interior de la Comunidad de Madrid, «en estos momentos la falta de inspección y control por parte del Consorcio Regional de Transportes hace que las empresas concesionarias de las rutas regulares, que reciben subvenciones de los ayuntamientos y la Comunidad de Madrid, realizan segundos servicios para colegios, empresas, turistas, excursiones…, a lo largo de su jornada de trabajo, lo que les permite competir a precios por debajo de las tarifas de mercado. En algunos casos, se puede llegar a cobrar el servicio dos veces, por un lado del Consorcio Regional de Transportes y por otro del cliente que contrata el servicio escolar, el transporte de grupos, etc».
Centrándonos en la ciudad de Madrid, «el Bus Turístico debería operar con total libertad y sin ninguna restricción, y no debería de haberse convocado un concurso al no resultar un servicio esencial, respecto al servicio de Naviluz, opera con una flota antigua y al margen de las exigencias de seguridad y respeto ambiental establecidas en la Ordenanza de movilidad, y por último, el Bus Aeropuerto Express tampoco debería de realizarse en exclusiva por la EMT, y debería ser un servicio que se prestara en libre competencia».
«En este contexto de abandono por parte de la Administración, la inacción ante los peligrosos operadores clandestinos, y el sistemático incumplimiento de la Ley de Contratos del Estado en los concursos sobre líneas regulares», la asociación de Autocares Independientes Discrecionales de Madrid considera «urgente y necesario activar un profundo debate técnico, mediático y social, sobre la responsabilidad de la Administración en la regulación del transporte discrecional en un momento en el que los cuestiones de seguridad y de sostenibilidad ambiental, deberían de ser una prioridad para la gestión política».
