Anuncian que «seguiremos reclamando e informando que se revierta esta expropiación del uso residencial de nuestros edificios y su recalificación para uso hospedaje».
Las asociaciones de vecinos de los Barrios Turísticos de la ciudad de Madrid, tras analizar las medidas referidas a las viviendas de uso turístico introducidas en el recientemente Real Decreto Ley 21/2018 (RDL 21/2018), han emitido un comunicado para mostrar que se sienten «defraudados» y consideran este decreto-ley «un insulto a la capacidad de aguante y a la inteligencia de los residentes».
«Defraudados porque una vez más las administraciones, en este caso la central, se han plegado al deseo de los lobbies y en contra de las peticiones de amparo de los residentes, propietarios e inquilinos», denuncian.
Añaden que «este decreto-ley sólo busca la consolidación de lo que hasta ahora era irregular, convirtiendo en derecho lo que no era más que un hecho. Durante años se ha permitido la transformación de viviendas residenciales en viviendas de uso turístico sin traba ni control. Ahora se pasa a consolidar lo establecido y limitar, si acaso, lo nuevo».
«Como si el cambio de uso de las existentes no hubiese supuesto una irregularidad; provoquen serios problemas de convivencia y seguridad para los vecinos; hayan supuesto una notable reducción de la oferta de alquiler residencial; y un fuerte impacto en el entorno urbano, transformando el uso residencial en terciario y, el comercio de barrio en franquicias de comida rápida y regalos», indicen desde la coordinadora de asociaciones de vecinos de los Barrios Turísticos.
«Un insulto para todos los propietarios de viviendas que compraron en edificios residenciales y donde las administraciones, por falta de control, han permitido la proliferación de este tipo de actividades. Ahora se regularizan, edificios que eran residenciales transformados en edificios destinados al turismo. Esto supone de facto la recalificación de gran parte del suelo residencial a suelo terciario», exponen.
A lo que añaden que «un insulto para los ciudadanos en general, autónomos, empresarios y asalariados, ya que, aunque incluye una “corrección técnica” para indicar de modo tácito que la vivienda de uso turístico es una actividad económica excluida de la LAU, se continúan sin establecer normas de tributación equivalentes a las de cualquier otra actividad económica».
«Un insulto para las comunidades de propietarios que ven cómo se les bloquea su capacidad de decisión. El decreto-ley reconoce la capacidad para limitar o condicionar el ejercicio de las viviendas de uso turístico, con una mayoría de 3/5 del total de los propietarios, que a su vez representen las 3/5 partes de las cuotas de participación. Es decir, son los residentes quienes deben justificar una mayoría cualificada para conservar el uso originario, no al revés, y sin retroactividad. Además debería haberse incluido a hostales, pensiones y todo tipo de hospedaje», continúan en el comunicado.
«Un insulto para todos los vecinos. Si bien se reconoce, con todo descaro, los problemas que esta actividad supone para el resto del vecindario, la compensación se limita a un incremento máximo del 20% en la cuota de gastos. En la mayor parte de las comunidades esto va a representar entre 10 y 20€ mensuales. Los residentes no queremos ni 10 ni 20€, queremos que nuestros edificios no queden abiertos al turismo; continuo trasiego de personas y maletas, ni seamos quienes debamos controlar abusos, incidentes o problemas y muchos más gastos, molestias y sinsabores. Ni propietarios ni gestores de esas viviendas turísticas se hacen nunca cargo de los mismos, ni las diversas administraciones les obligan a ello».
Las asociaciones de vecinos de los Barrios Turísticos «no aceptamos más insultos, aun así, actuaremos con las herramientas que nos dejan. Hacemos un llamamiento a que todas las Comunidades de Propietarios antes del 18 de Enero de 2019 celebren una Junta Extraordinaria de su Comunidad de Propietarios para votar la prohibición del establecimiento de nuevas viviendas de uso turístico en sus comunidades y elevación de las cuotas en el máximo permitido del 20%».
Anuncian que «seguiremos reclamando e informando que se revierta esta expropiación del uso residencial de nuestros edificios y su recalificación para uso hospedaje».
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