El dispositivo regional PREDEA (Red de Prevención, Detección y Actuación) de la Comunidad de Madrid detectó el año pasado 318 posibles casos de abuso a personas con discapacidad intelectual.
Con el objetivo de debatir sobre las posibles situaciones de abuso que pueden sufrir estas personas, la Consejería de Políticas Sociales y Familia ha organizado esta semana para unas jornadas, en las que ha participado el director general de Atención a Personas con Discapacidad, Jorge Jiménez de Cisneros.
“La red PREDEA de la Comunidad de Madrid tiene como objetivo prevenir cualquier forma de trato indigno o abuso a personas con discapacidad intelectual y, en el caso de que se produzcan estas situaciones, intervenir con rapidez, garantizando la seguridad y el bienestar de las víctimas”, explicó Jiménez de Cisneros.
Con este objetivo, durante 2017 la red ha realizado acciones formativas con 2.232 profesionales, 2.892 personas con discapacidad intelectual y 1.377 familiares, que complementan el trabajo de detección e intervención.
Según los datos presentados en la jornada, en prácticamente la mitad de los 318 episodios abordados desde PREDEA en 2017 se registraron evidencias de abuso o maltrato (154 casos), mientras que 27 casos quedaron descartados y en otros 137 no fue posible alcanzar un nivel suficiente de certeza. En 50 de los casos se presentó denuncia, 36 fueron notificados a la fiscalía y 66 a los servicios sociales, mientras que 53 víctimas recibieron atención médica y siete de cada diez, apoyo psicológico.
En conjunto, un 43% de todas las actuaciones iniciadas tuvieron origen en hechos sucedidos en el entorno familiar de la víctima y un 31 % corresponden a posibles abusos entre iguales dentro del propio centro. El tipo de abuso más evidenciado es el maltrato físico, seguido del abuso psicológico, el abuso sexual, el abuso material o financiero y el abandono. En prácticamente todas estas situaciones, las mujeres son las víctimas más frecuentes.
Durante el encuentro, profesionales y usuarios de la red gestionada por la Consejería de Políticas Sociales y Familia, que cuenta con más de 12.000 plazas públicas de atención a personas con discapacidad intelectual, han expuesto diferentes buenas prácticas con un denominador común: el empoderamiento de las propias personas con discapacidad intelectual en la defensa de sus derechos.
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