La Justicia obliga ahora al Gobierno de la Comunidad de Madrid a responder por los datos de ratio denunciados por la Federación de Enseñanza de CCOO de Madrid en los centros educativos de la Dirección de Área Sur (DAT Sur) durante el curso 2015-2016.
Ante las denuncias realizadas por CCOO, la Consejería de Educación contestó que el asunto de las ratios «no era incumbencia del sindicato» y «dio la callada por respuesta».
Sin embargo el TSJ de Madrid, a través de la sentencia número 353/2018 entiende que “la determinación del número de alumnos máximo por aula, la ratio, es una cuestión que afecta al régimen de prestación del servicio de enseñanza y atañe a su calidad y a las circunstancias concretas en que el profesorado desempeña su actividad y, en particular, a la atención que puede dedicar al alumnado”.
A juicio de Isabel Galvín, secretaria general de la Federación de Enseñanza de CCOO de Madrid, “la sentencia es muy positiva porque abre la puerta a que otros recursos y denuncias que hemos presentado deban ser contestados por la Consejería de Educación y se vea obligada a responder y asumir sus responsabilidades, en lugar de salirse por la tangente con requiebros administrativos”.
Galvín insiste en que “ahora el Gobierno de la Comunidad debe explicar por qué el exceso de alumnado, que es una medida excepcional y con un límite se ha convertido en una práctica habitual.
