La plataforma Coordinadora Madrid contra la LIDER —integrada por asociaciones vecinales, organizaciones ecologistas, entidades de defensa del patrimonio cultural, sindicatos y colectivos profesionales y políticos— ha convocado una nueva protesta este jueves, 19 de noviembre, a partir de las 16:30 horas frente a la sede de la Asamblea de Madrid.
La convocatoria, que sucede a diversas acciones en la calle y a una campaña informativa desarrollada por barrios y municipios de la región, coincide con el debate parlamentario en el Pleno de la Cámara regional sobre el proyecto de la nueva ley del suelo autonómica, denominada Ley de Impulso y Desarrollo Equilibrado de la Región (LIDER), cuya sesión concluirá con la votación para su aprobación definitiva.
Argumentos de la plataforma contra la nueva ley del suelo
Desde la coordinadora reclaman tanto a la ciudadanía como a los grupos parlamentarios el rechazo a esta normativa, vinculando su oposición con las recientes manifestaciones y la huelga general celebrada la pasada semana en torno al problema del acceso a la vivienda.
A juicio de los convocantes, el texto legislativo no solo resulta ineficaz para facilitar el acceso residencial, sino que impulsa un modelo territorial que desplaza a la población hacia la periferia mientras destina los núcleos urbanos a eventos y actividad empresarial. Entre los principales motivos expuestos por Madrid contra la LIDER para oponerse al proyecto normativo figuran los siguientes puntos:
- Consideran que favorece operaciones especulativas en detrimento de las dotaciones públicas y de la calidad urbana de ciudades y municipios, al rebajar las garantías ambientales y sociales durante su tramitación y externalizar funciones de control.
- Denuncian un incremento de la presión urbanística sobre los entornos rurales y naturales, recuperando a su entender el criterio del «todo urbanizable» propio de la etapa de la burbuja inmobiliaria.
- Advierten de una mercantilización y privatización del modelo urbano y territorial frente a las obligaciones públicas y el interés general recogidos en la Constitución.
- Alertan de una desprotección del patrimonio cultural de la Comunidad de Madrid.
- Sostienen que la norma no resuelve la crisis habitacional, puesto que incentiva la construcción de nueva vivienda sin establecer garantías sobre su asequibilidad.
- Señalan que el texto no asegura que los futuros desarrollos urbanísticos cuenten con los servicios públicos necesarios para atender a la población.
- Critican la reducción de los mecanismos de información, opinión y participación ciudadana antes de la adopción de decisiones que afectan al entorno urbano.
