La delegada del Área de Equidad, Derechos Sociales y Empleo, Marta Higueras, ha desvelado esta mañana en la comisión correspondiente, que el Ayuntamiento de Madrid precisa de 108 millones de euros para atender a las personas acogidas a la ley de dependencia ante el incremento de un 29% de usuarios. Sin embargo, la Comunidad de Madrid, que es la “única” competente para financiar esta ley solo aporta 69 millones de euros, la misma cantidad que en el 2014.

Higueras ha recordado que la financiación de la ley de atención a las personas dependientes corresponde “en exclusiva” a la Comunidad de Madrid y que los ayuntamientos participan en la ejecución de esta ley.

El Gobierno regional aporta al Consistorio 54 millones de euros para financiar el servicio de ayuda a domicilio, 11 para el servicio de centros de día y cuatro para el de teleasistencia. Sin embargo, el gasto del Consistorio para atender estos servicios se elevó en el 2017 a 73 millones de euros.

Este año, el Gobierno regional mantiene su partida de 69 millones de euros, a pesar de que se ha incrementado un 29% las peticiones para acogerse a esta ley. A pesar de ello, Higueras ha explicado que su área asiste a las personas “que tienen reconocido el derecho a recibir una prestación de dependencia” lo que ha supuesto un importante coste para el Consistorio.

La delegada del Área de Equidad también ha subrayado en la comisión que el Gobierno regional “ha aumentado el personal para reducir el tiempo en conceder o denegar el derecho a la prestación, lo que ha provocado un incremento en la lista de espera del Ayuntamiento de Madrid para recibir estas ayudas”.

El área de Equidad cuenta en estos momentos con una lista de espera de 6.847 personas beneficiarias de la ley de dependencia de las que 1.779 no reciben ningún servicio. No obstante, el Consistorio está atendiendo a 5.077 personas con cargo al presupuesto municipal.

Por ello, Higueras ha solicitado a todos los grupos municipales su apoyo para que trasladen esta “realidad” al Gobierno de Madrid con el fin de que incremente la financiación que otorga al Consistorio para “que todas las personas que tienen reconocido este derecho puedan disfrutarlo plenamente”.