El Grupo Parlamentario Socialista denuncia «la falta de libre elección real en la atención especializada sanitaria pública y el retraso en la ejecución del PIR 16-19».
El Pleno de la Asamblea de Madrid ha aprobado este jueves una proposición no de ley (PNL) socialista para instar a la Fundación Madri+d a que se realicen acciones inmediatas para una evaluación del máster en Derecho Autonómico de la Universidad Rey Juan Carlos.
“Porque cuando ante noticias del calado de que la presidenta de esta Comunidad ha obtenido un título universitario sin apenas pisar las aulas, con trato diferenciado al resto de los estudiantes, cuando la cima más alta de la estructura científica de una universidad responde a actuaciones y comportamientos escasamente éticos, la ciudadanía espera que haya mecanismos efectivos de control académicos por parte de la Administración. Y cuando esto no sucede, cuando no se aplican los engranajes que la ley dispone para examinar estas acciones, se socava conscientemente la confianza en los servicios públicos. Una actuación más para dejar en entredicho a lo público, contribuyendo conscientemente a su descrédito”, señaló el portavoz socialista de Educación, Juan José Moreno.
“Es bochornoso que desde el Gobierno no se haya hecho absolutamente nada. Ninguna actuación enmendadora, absolutamente ninguna salvo, vergonzosamente, defender a los implicados, amedrentar a los denunciantes y socavar la reputación de la universidad pública”, añadió el diputado socialista.
Moreno defendió la PNL para que la Fundación Madri+d haga una “evaluación académica de lo ocurrido, entre otras cosas para tomar las medidas universitarias necesarias, adicionales a las posibles consecuencias penales”.
La iniciativa socialista, que salió adelante mediante transaccional con los votos en contra del Grupo Popular, propone que, en el plazo de un mes, se realice una evaluación e inspección del máster de Derecho Autonómico de la URJC, especialmente en su edición del curso 2011-2012, para identificar y proponer medidas correctoras de irregularidades y violaciones de las normativas y estándares académicos vigentes, para lo que se contará, cuando sea preciso, con expertos externos independientes.
Que se realice, así mismo, evaluación e inspección de las actividades del Instituto de Derecho Público de la Universidad Rey Juan Carlos para analizar que sus actuaciones se adaptan a la normativa y estándares académicos vigentes. Y que se tomen las medidas correctoras oportunas, una vez evaluada la información obtenida y las propuestas de mejora recomendadas.
Privatización sanitaria
Por otro lado, el Grupo Parlamentario Socialista denunció ante el consejero de Sanidad, que compareció a petición socialista, «la falta de libertad real de elección en la atención especializada en la sanidad pública». “¿Por qué los ciudadanos cuando quieren elegir no tienen opciones en la sanidad pública, mientras que las opciones en la gestión privada son florecientes?”, le preguntó al consejero el portavoz socialista de Sanidad, José Manuel Freire, que expuso que las posibilidades de elección se ven mermadas en los centros públicos.
“Todo el sistema ha sido diseñado para favorecer la idea política de privatizar la gestión y de hacer rentables unos contratos opacos. No son pioneros en la libre elección; son pioneros en el saqueo del sector público para favorecer a aquellos que hacen negocio en la sanidad”, apuntó Freire.
Ejecución del PIR
Asimismo, los socialistas denunciaron el retraso en la ejecución del PIR 2016-2019, durante la comparecencia del consejero de Medio Ambiente. “El PIR ya comenzó con año y medio de retraso en ese afán suyo, del Gobierno del PP + Ciudadanos quiero decir, de cambiar de nombre a todo lo que sonara a Gúrtel, Púnica o Lezo, y en eso han tardado más de la cuenta. Y han perjudicado a los ayuntamientos”, subrayó el portavoz socialista de Medio Ambiente, Rafael Gómez Montoya.
El diputado socialista recordó que en el PIR 16-19, “como sucedió con los programas PRISMA, no hay razones objetivas que determinen qué cantidad de dinero es asignada a los municipios. Criticábamos, y criticamos, que el reparto de dinero se hacía a conveniencia del consejero de turno y según el color político de su interlocutor se otorgaba una cantidad u otra».
«En 2017, según nuestros cálculos, se propusieron, por los municipios, 410 peticiones de obra y 83 peticiones de suministros. En el camino se quedaron 295 obras solicitadas y 52 peticiones de suministros”, añadió Gómez Montoya.
