La Universidad Complutense de Madrid ha emitido este miércoles, 16 de mayo, un comunicado en relación con el reingreso de Cristina Cifuentes Cuenca al servicio activo como funcionaria de la universidad. En ella el rectorado quiere señalar:
1.- La Sra. Cifuentes tiene la condición de funcionaria del subgrupo A1 de la UCM, habiéndose encontrado, durante su período como diputada electa de la Asamblea de Madrid, en situación de servicios especiales, según lo previsto en el artículo 87 del Estatuto Básico del Empleado Público y el Cap. III del Real Decreto 365/1995 (Reglamento de situaciones administrativas de los Funcionarios Civiles).
2.- Una vez concluido su desempeño en la Asamblea de Madrid por renuncia a su acta de diputada, la Sra. Cifuentes solicitó, el pasado 9 de Mayo, su reingreso al servicio activo en la Universidad, acogiéndose a lo establecido en el art. 9 del mencionado Real Decreto, procediendo la UCM a reconocerle en tal situación según exige dicho artículo.
3.- Siguiendo lo reglamentado y el procedimiento habitual en los casos de reingreso de funcionarios en su situación, la Sra. Cifuentes ha quedado asignada a la plaza que tenía en reserva, en este caso un puesto base, nivel 24, con las retribuciones que le corresponden según los PGE, y en el que desde Gerencia se le asignarán los cometidos oportunos.
La UCM tiene la obligación de aplicar escrupulosamente la Ley, como lo está haciendo, evitando cualquier trato de favor, pero garantizando, al mismo tiempo, los derechos que, en este momento, como funcionaria le correspondan a la Sra. Cifuentes.
Como es sabido, este rectorado ha solicitado de forma pública y reiterada, la asunción de responsabilidades políticas a Dña. Cristina Cifuentes como consecuencia de las irregularidades detectadas en el Máster realizado en el Instituto de Derecho Público de la URJC. Una vez asumidas éstas, corresponde a la Justicia decidir si existen responsabilidades penales, así como los términos en que éstas pudieran sustanciarse y que la UCM acatará inmediatamente.
Mientras tanto es obligación de la Universidad y de este rectorado respetar la ley y los derechos de todos nuestros funcionarios y trabajadores, respeto que pedimos también a todos los miembros de la Comunidad Universitaria, al tiempo que continuaremos trabajando y defendiendo el prestigio de la Universidad Pública frente a las sombras de sospecha que indiscriminadamente se vierten sobre ella y evitar cualquier uso interesado de la misma.
