El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha autorizado un gasto de 3.190.751,50 euros como aportación en 2018 al fondo patrimonial de la Agencia Madrileña para la Tutela de Adultos (AMTA), que permitirá proteger a las personas que han sido incapacitadas judicialmente.
Dicha aportación se considera necesaria para atender las necesidades de financiación de la AMTA, sin perjuicio de que a lo largo del presente ejercicio sea precisa una nueva aportación. Este crecimiento presupuestario va a permitir dotar a la Agencia de más personal, respondiendo así al mayor incremento de las tutelas.
La Agencia Madrileña para la Tutela de Adultos es la entidad pública tutelar más grande de España. En la actualidad, gestiona 2.691 tutelas permanentes, 36 tutelas provisionales, 393 curatelas y 39 administraciones provisionales. El perfil de las personas que usan el servicio de tutela de la Agencia es un 54 % mujeres y un 46 % hombres, con una media de edad de 60 años. Si se analizan las causas de incapacidad, la variedad de patologías existentes requiere un conocimiento específico y una intervención social diferente en cada caso.
Plan Estratégico de la AMTA 2016-2021
La Agencia Madrileña para la Tutela de Adultos cuenta con su primer Plan Estratégico para el período 2016-2021. Este Plan contempla cinco líneas de actuación dirigidas hacia la mejora de la atención a las personas tuteladas, la sensibilización y participación social, el asesoramiento, la formación y la especialización.
La Agencia cuenta con la aplicación de gestión de tutela denominada Peiton, que se ha convertido en un modelo para el resto de España. Gracias a esta aplicación se puede conocer en tiempo real todo lo referente a la persona tutelada de manera totalmente fiable.
La rendición de cuentas anual es el principal mecanismo de control por parte del Juzgado en el ejercicio del cargo por parte del tutor. La intervención del fiscal en el control judicial de las tutelas es fundamental y este innovador sistema de rendición de cuentas empleado por la Agencia ofrece una gran seguridad jurídica al no precisar de intervención humana en el proceso, lo que ha sido avalado tanto por los Juzgados como por la Fiscalía Superior de Madrid, con la que se ha firmado un Convenio por el que todos los fiscales pueden acceder a todo el expediente económico de las personas tutelados a través de sus ordenadores o dispositivos. Esto facilita enormemente su importante labor de fiscalización de la actividad del tutor.
