CSIT-Unión Profesional ha hecho entrega este viernes a la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia de la Comunidad de Madrid de las firmas recogidas entre los funcionarios que prestan sus servicios en la sede de los Juzgados de lo Penal de la calle Julián Camarillo (Madrid), manifestando su «firme oposición» a la separación de dichos juzgados en diferentes edificios.
La Administración de Justicia de la Comunidad de Madrid anunciaba, hace más de un mes, el contenido de su Plan de Mejora de Infraestructuras Judiciales en el que incluía la reagrupación de sedes, a la que CSIT-Unión Profesional ya se opuso porque «las tareas y la organización del trabajo en las oficinas judiciales requieren edificios e instalaciones adecuadas al trabajo que se debe realizar en ellas y la Administración no tiene en cuenta esas necesidades específicas»
Según denuncian desde el sindicato, «los vehículos de traslado de detenidos han de caber por la entrada y los calabozos han de ser adecuados, ha de haber separación de espacios de detenidos, funcionarios, profesionales y público, evitando que las víctimas y agresores compartan sala de espera, las oficinas han de garantizar la confidencialidad de declaraciones o comparecencias, etc».
Ahora que el traslado de ocho de los juzgados a la nueva sede de la calle Albarracín parece ser inminente, casi un centenar de funcionarios afectados manifiestan su oposición porque «dividir los Juzgados de lo Penal en dos inmuebles contradice el principio de concentración de sedes penales que dice perseguir el Gobierno de la Comunidad de Madrid, ya que separa los únicos juzgados que estaban unificados, generando enormes disfunciones».
Para CSIT-Unión Profesional, «los servicios de Decanato, Fiscalía y la Clínica Forense permanecerían en Julián Camarillo, lo que obligaría al traslado diario de cientos de expedientes, escritos, documentos y correo entre ambos edificios, lo que supondría un trasiego de expedientes por plena calle, incoherente con el principio de modernización de la justicia y cuyo porteo no corresponde a los funcionarios de justicia.
Esto provocaría «confusión entre los ciudadanos, que verían mermada la calidad de su atención al tener que desplazase entre ambas sedes para obtener información o realizar videoconferencias». Además, provocaria la «imposibilidad de celebrar en el mismo día juicios en distintos juzgados penales, en los que deba intervenir un mismo testigo o abogado. Hasta ahora, al compartir los juzgados el mismo espacio y tener las vistas coordinadas, esta circunstancia no obliga a la suspensión de juicios».
Además, los funcionarios firmantes añaden que «no se les ha consultado a ellos que son el colectivo que mejor conoce el funcionamiento diario y que en ningún caso el trasladar las dependencias a diferentes edificios responde a una necesidad o demanda por parte de ninguno de los colectivos que trabajan en la sede actual del Juzgado de lo Penal».
