La Federación de Autónomos de Madrid reclama una ley de arrendamientos turísticos que proteja a comercios y vecinos

Fidacam apela a que «se realice una normativa acorde con otras de nuestro ámbito europeo, y también de otras Comunidades del Estado donde ya funcionan».

Ante el decreto aprobado por el Gobierno para regular los arrendamientos turísticos, Fidacam (Federación Intersectorial de Autónomos de la Comunidad de Madrid) ha querido señalar que «en líneas generales puede ayudar a una mejor regulación del sector, pero en la Comunidad de Madrid puede tener dificultades de encaje con el que está preparando el Gobierno de la Comunidad».

En su opinión, «debería realizarse una normativa homogénea que haga más fácil y sea más eficiente a la hora de dar solución a un grave problema que está transformando las ciudades con un claro sesgo negativo».

«En nuestra Comunidad existen actualmente más de 15.000 viviendas turísticas ilegales, que acogen las plataformas online, hay un dato que habla por sí solo de la actuación poco rigurosa de la Comunidad de Madrid hacia ese tipo de actividad fraudulenta, de las 259 denuncias presentadas contra los pisos ilegales la Comunidad ha multado tan solo a 6, el 2,3% de las denuncias», critican.

Fidacam considera que «es un despropósito que el decreto de la Comunidad permita que en un edificio residencial se establezca hasta el 75% de pisos llenos de turistas, esto colisiona con planteamientos urbanísticos racionales y no resuelve los problemas característicos que tanto Airbnb como otras plataformas online están ocasionando a nuestra Comunidad y que no resolverá, por ejemplo, el encarecimiento del alquiler, que continuará expulsando del centro a los vecinos habituales creando un centro puramente comercial y de ocio, deteriorando la vida de barrio, no se atajará la economía sumergida que surge de este tipo de negocios, y los problemas de convivencia vecinal no tendrán solución».

Fidacam apela a que «se realice una normativa acorde con otras de nuestro ámbito europeo, y también de otras Comunidades del Estado donde ya funcionan, las cuales protegen más a los vecinos, al entorno comercial y de convivencia, es más acorde con una competitividad donde todos puedan operar con las mismas reglas de juego».

«La prueba de que este decreto que tiene en curso la Comunidad de Madrid esté condenado al fracaso lo atestigua su total desaprobación entre los hosteleros madrileños, los vecinos y el Ayuntamiento de Madrid, todos ellos han presentado numerosas alegaciones al pretendido decreto», concluyen. 

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