El Registro de lobbies de la ciudad de Madrid empezará a funcionar en enero

  • El Registro de lobbies es un espacio web público y gratuito de inscripción obligatoria para quienes ejerzan actividad de lobby.
  • En el registro tienen que inscribirse las personas físicas y jurídicas y entidades sin personalidad que quieran reunirse con los máximos responsables municipales para influir en las políticas de la ciudad de Madrid.
  • La ciudadanía podrá ver en una web con quienes se reúnen los concejales, directivos y personal eventual municipal y qué intereses defienden.

El Ayuntamiento de Madrid pondrá en marcha, a partir de enero de 2018, el Registro de lobbies. Es un espacio en el que deberá inscribirse cualquier persona o entidad que pretenda influir en la normativa y en las políticas municipales y en las decisiones de impacto general, es decir, llevar a cabo actividad de lobby.

La Junta de Gobierno ha aprobado este jueves los criterios sobre el funcionamiento del registro de lobbies, cuyos principales objetivos son aportar transparencia, democratizar e impulsar la capacidad ciudadana de influir en la toma de decisiones municipales.

El concejal de Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno Abierto, Pablo Soto, ha explicado en rueda de prensa que la inscripción en el registro será obligatoria para personas físicas y jurídicas y entidades sin personalidad que quieran mantener cualquier reunión con actividad de lobby, dentro o fuera del ayuntamiento, con concejales/as, directivos/as y personal eventual municipal. También ha aclarado que no están obligados a inscribirse los colectivos que ya figuren en el Registro de Entidades Ciudadanas del Ayuntamiento de Madrid.

La ciudadanía podrá consultar en este espacio gratuito y público quién se reúne con los máximos responsables de la ciudad y la documentación que aporten. El registro nace a partir de la Ordenanza de Transparencia de la Ciudad de Madrid, que entró en vigor en la mayor parte de su contenido en agosto de 2016.

Inscripción y ventajas de estar en el Registro de lobbies

Las personas y entidades que se inscriban tienen que presentar una declaración responsable con los datos de identificación, naturaleza jurídica, financiación y otra información sobre quien va ejercer la actividad de lobby. También podrán incluir determinados datos en la aplicación web, sobre los temas de su interés y las personas que van a asistir a las reuniones.

Las ventajas de inscribirse como lobby son la recepción de avisos cuando se abran procesos participativos sobre los temas que hayan indicado que son de su interés, (como la elaboración de una ordenanza o un reglamento o la apertura de un plazo de alegaciones, entre otros) y la posibilidad de solicitar reuniones con responsables municipales directamente a través del registro, ya que la aplicación del registro de lobbies estará conectada con la de agendas (https://agendas.madrid.es/).

Todos los titulares de agendas, concejales y altos cargos del ayuntamiento (unos 249 en total), publican sus reuniones y actos en el portal de agendas, donde ya hay unos 57.000 eventos registrados. Con la puesta en marcha del Registro de lobbies también podrá consultarse con quién se reúnen, su perfil y los intereses que defienden.

Control del Registro de lobbies

Los responsables municipales que mantengan reuniones deben verificar que las personas y entidades están inscritas y, en caso de no estarlo, deben advertirles de que tienen que hacerlo.

El Ayuntamiento de Madrid también pondrá en marcha un buzón de incumplimientos anónimo para comunicar cualquier irregularidad relacionada con esta normativa, como por ejemplo, la celebración de reuniones con actividad de lobby en la que no estén registrados los asistentes.

La Comisión de Seguimiento de la Ordenanza de Transparencia, compuesta por todos los grupos municipales y el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estatal, es la que actuará en los casos de incumplimiento. Podrá pedir informes en casos concretos, emitir recomendaciones en caso de detectar irregularidades, realizar apercibimientos o propuestas de cese que tendrán que examinarse en la Junta de Gobierno.

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