21,6 millones de euros para la vigilancia y seguridad de las sedes judiciales madrileñas

La Comunidad de Madrid va a licitar por 21,6 millones de euros para los próximos dos años el contrato del servicio de vigilancia y seguridad de las 71 sedes judiciales adscritas a la Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno.

Este contrato, que ha sido aprobado en Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, tiene por objeto garantizar que la actividad judicial se desarrolle sin incidencias, con un control en el acceso a las sedes y con la vigilancia de los edificios.

El presupuesto de licitación incluye el coste del personal que presta los servicios de vigilancia y seguridad, la posible subrogación de plantilla, el mantenimiento de los sistemas de seguridad (arcos, escáneres, sistemas de videovigilancia, sistemas anti-intrusión y sus alarmas, etc.) o una bolsa de horas para atender posibles imprevistos que puedan surgir en los juzgados. También se ha incluido la adaptación de los armeros de las 21 sedes en las que se van a prestar servicios armados.

El nuevo contrato, que tiene posibilidad de prórroga hasta por dos años más, supone una ampliación del servicio respecto al vigente, ya que se incorporan nuevas sedes como la de la Audiencia Provincial, que agrupa las secciones Civil y Mercantil; la de Fernando el Católico, 47; la de la calle Albasanz; o el nuevo juzgado de refuerzo de Hermanos García Noblejas, 37, que cuenta con entrada independiente en el edificio.

También se refuerza la seguridad en otras instalaciones, como los juzgados de Plaza de Castilla y Capitán Haya, las grandes sedes judiciales de Madrid capital, y el Instituto Anatómico Forense.

Nuevos criterios de adjudicación

La licitación de este contrato sigue los criterios que se han establecido para la adjudicación de servicios de vigilancia y seguridad por parte de la Comunidad de Madrid, de forma que el peso del factor precio se limita a la mitad de la puntuación final y se priman otros criterios.

Entre ellos, algunos de carácter social con repercusión en la calidad de la prestación del servicio, como la existencia y aplicación de planes de igualdad, código deontológico o protocolos de tratamiento y prevención de situaciones de acoso laboral o sexual; y otros de naturaleza organizativa, como la existencia de un plan de seguridad, la introducción de procedimientos de control e inspección del servicio o la formación para todos los vigilantes.

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