La Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional ha acordado la suspensión cautelar del Acuerdo de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, de 20 de octubre de 2025, por el que se declara Lugar de Memoria Democrática la sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, ubicada en la Puerta del Sol, donde antiguamente estaba instalada la Dirección General de Seguridad, lugar que albergó torturas franquistas.
En un auto, que cuenta con el voto particular de un magistrado, la Sección Primera estima el recurso presentado por el Letrado de la Comunidad de Madrid que solicitaba suspender el Acuerdo porque suponía «un daño» en su imagen institucional.
Según la Sala, en la aproximación preliminar y poco intensa que supone resolver una medida cautelar, “no puede afirmarse de forma categórica que la imagen de la sede de la Presidencia de la CAM pueda sufrir un menoscabo irreversible, pero sí puede afirmase que no es posible negar de forma categórica dicha incidencia negativa”. Desde esta perspectiva, afirma el Tribunal, “toda vez que cabe la hipótesis de que se genere un efecto adverso en la imagen institucional de la CAM, la medida cautelar solicitada se evidencia como pertinente”.
A lo anterior se suma, apunta el auto, que la declaración de Lugar de Memoria Democrática puede afectar en una medida más o menos intensa a las actividades que se desarrollan en el mismo. “Dichas actividades exceden de lo que el Acuerdo impugnado denomina “oficinas administrativas” (SIC) obviando la ubicación, precisamente en ese espacio, de la Sede de la presidencia de la CAM”. La Sala añade que la confluencia en el mismo espacio físico de intereses tan intensos y, a la par, contrapuestos, aconseja también desde este punto de vista la adopción de la medida cautelar, pues podría verse menoscabada la finalidad legítima del recurso.
La Audiencia recuerda que la declaración de Lugar de Memoria Democrática implica la colocación de placas, paneles o “distintivo memorial interpretativo”, así como “señalización” de dicho espacio en el que se pretende, además, integrar “este lugar de memoria en los circuitos internacionales”. A lo anterior se añade, señalan los jueces, que no se altera el uso actual del edificio, pero a la vez se afirma “que cualquier uso que se dé al bien habrá de ser compatible con las medidas propuestas de preservación de la memoria…”.
La suspensión cautelar no produce una perturbación de los intereses generales
Por otro lado, a juicio de los magistrados, no se produce una perturbación grave de los intereses generales por el hecho de suspender los efectos del Acuerdo durante el tiempo que tarde la tramitación del procedimiento. “Nos encontramos -advierte- con dos intereses públicos en conflicto, el que defiende la Administración General de Estado y el que defiende la Comunidad Autónoma de Madrid, si bien tiene especial intensidad el interés que defiende la Comunidad Autónoma, por el posible perjuicio irreversible, o intenso, que supone la ejecución del acuerdo impugnado”.
En este conflicto de intereses, la Sala señala que el interés público que pretende proteger el Acuerdo impugnado no sufre perjuicio significativo por el hecho de demorar su efectividad. “Con ello queremos poner de relieve, en definitiva, que el transcurso del tiempo no perjudica la finalidad del Acuerdo. Por el contrario, la efectividad de dicho acuerdo sí puede provocar un perjuicio difícilmente reversible a la Comunidad de Madrid, en los términos expuestos”, concluye.
Por último, recuerda que este procedimiento está pendiente del conflicto positivo de competencias que se tramita en el Tribunal Constitucional, lo que también avala la suspensión que solicita la Comunidad Autónoma de Madrid. “Baste resaltar a estos efectos -añade- que la decisión que pueda adoptarse por el TC tiene especial incidencia en el presente procedimiento, lo que permite afirmar que la suspensión de los efectos del Acuerdo recurrido es, sin género de duda procedente -aparte los razonamientos anteriores- que son, de todo punto, concluyentes”.
Voto particular que defiende el rechazo de la medida cautelar
En un voto particular, uno de los magistrados de la Sala no comparte el criterio de la mayoría en relación con la afectación negativa a la imagen institucional de la CAM por la declaración del edificio como lugar de Memoria Democrática y recuerda que los hechos históricos que motivan la declaración tuvieron lugar cuando esta institución, tributaria del actual régimen democrático, no existía ni se podía siquiera imaginar que existiese. “Al recordar hechos negativos de la historia de España no se persigue desmerecer otros valores que puedan estar presentes en el lugar, como los histórico-artísticos resaltados por los académicos, por los que el edificio pueda incluso ser más conocido por los estudiosos y público en general, ni hacer un juicio de desvalor de la acción de gobierno de las instituciones autonómicas”.
Para este magistrado, “la interrupción de las medidas para potenciar la memoria democrática y el retraso consiguiente en el despliegue de la acción de reparación, sí perjudica la finalidad perseguida por el acto impugnado, en el marco descrito en la Ley 20/2022, transmitiendo a las víctimas sensaciones de desazón e incredulidad, y proyectando una imagen negativa ante las instancias internacionales sobre la autenticidad del compromiso de España de proteger la memoria democrática y de su propósito de superación de los episodios oscuros de su pasado”.
