- La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Purificación Causapié, ha destacado que la decisión de la Audiencia Provincial de reabrir la causa es «una vía de esperanza para seguir defendiendo el derecho a la vivienda».
- Los socialistas también han presentado una denuncia ante la Comisión Europea por posible vulneración de algunas normas comunitarias.
La portavoz del Grupo Municipal Socialista (PSOE), Purificación Causapié, ha aplaudido la reapertura de la querella criminal contra la Empresa Municipal de la Vivienda y Fidere por la operación de compraventa de 1.860 viviendas públicas durante el mandato de Ana Botella, del PP, una causa que vuelve a los tribunales gracias al recurso planteado por el Grupo Municipal Socialista y que la Audiencia Provincial ha tenido en consideración.
La causa está dirigida contra la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid -que autorizó la operación- y contra Fermín Oslé, que por entonces era consejero de la sociedad pública EMVS. “Este camino que ahora se abre –ha manifestado Causapié tras reunirse con representantes de la asociación de afectados- es una vía de esperanza para seguir defendiendo el derecho a la vivienda”.
La portavoz socialista ha incidido en que es imprescindible “hacer justicia” para las familias afectadas y para la ciudad de Madrid, «que vio notablemente recortado su patrimonio público». “Creemos que hubo connivencia entre el Ayuntamiento de Madrid, entonces dirigido por el Partido Popular, y un fondo buitre”, ha precisado Causapié. La venta tiene en vilo desde entonces a miles de familias alojadas en las casas que ahora son propiedad de Fidere.
La sección 30 de la Audiencia Provincial ha acordado la reapertura de la causa por vía penal tras haber considerado el recurso de apelación interpuesto por el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Madrid, un recurso que adjuntó, entre otros argumentos, las conclusiones de la Cámara de Cuentas acerca de esta operación inmobiliaria que también ha sido analizada por la comisión de investigación municipal.
La Audiencia Provincial considera que la venta se produjo «sin fijar previamente el valor de los inmuebles que se iban a enajenar», que no existió una concurrencia real, que» fue el comprador quien fijó el precio» y que los 128 millones de euros que pagó fue una cantidad “objetivamente inferior” a la que podría haberse obtenido en el mercado.
Es decir, que la operación auspiciada por el Partido Popular» perjudicó a los inquilinos, perjudicó a todos los madrileños al reducir su patrimonio público y únicamente benefició a la sociedad compradora». La Audiencia Provincial apunta a posibles delitos de prevaricación, malversación y fraude.
Denuncia ante la UE
Además del recurso por la vía penal, Purificación Causapié ha explicado que el pasado 2 de octubre el Grupo Municipal Socialista registró ante la Comisión Europea una denuncia por la posible vulneración de varias normas comunitarias sobre mercado y libre concurrencia entre empresas dentro del mercado interior.
“Desde que los socialistas conocimos la operación, nos hemos opuesto rotundamente a ella y estamos dispuestos a agotar todas las vías jurídicas posibles para que se haga justicia”, ha finalizado.
