El Portal de Transparencia de la Comunidad de Madrid ha publicado el texto del Anteproyecto de la futura Ley de Archivos con el objeto de dar audiencia a los ciudadanos afectados y recabar cuantas aportaciones adicionales puedan hacerse por otras personas o entidades.
El plazo de este trámite de audiencia e información públicas, que ha comenzado el 5 de octubre, finalizará el próximo 3 de noviembre. Asimismo, también podrá recabarse directamente la opinión de las organizaciones o asociaciones reconocidas por Ley que agrupen o representen a las personas cuyos derechos o intereses legítimos se vieren afectados por la norma y cuyos fines guarden relación directa con su objeto.
Entre otras cuestiones, la futura ley incluirá la limitación a la hora de externalizar la guardia y custodia de documentos públicos, que quedará restringida a situaciones de urgencia y requerirá, en todo caso, el conocimiento previo de la consejería competente en materia de archivos. Además, la protección de los documentos públicos, al margen de que puedan ser catalogados como bienes culturales protegidos, quedará asegurada contra la destrucción indiscriminada o dolosa en el propio ámbito administrativo.
Máximas garantías de protección para documentos públicos
La protección de los documentos públicos, al margen de que puedan ser catalogados como bienes culturales protegidos, quedará asegurada contra la destrucción indiscriminada o dolosa en el propio ámbito administrativo.
Con esta futura ley, los documentos públicos se han de conservar y tratar convenientemente en cuanto que son necesarios para la buena gestión, son garantes de obligaciones y derechos y permiten escrutar las actuaciones de los administradores y sus responsables, contemplando el derecho de acceso a los archivos vinculado a la legislación sobre transparencia.
Se contempla que alcance a todos los documentos, independientemente de su formato, cuidando muy especialmente la gestión de los documentos electrónicos, por los que apuesta decididamente la administración pública a partir de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común.
Por otra parte, el Anteproyecto de Ley incrementa la tipificación de faltas que pueden cometerse en la gestión de los documentos públicos y endurece las sanciones para las mismas, reforzando la capacidad de inspección de la Comunidad de Madrid sobre la gestión de documentos y archivos públicos en su ámbito competencial, dando a los técnicos responsabilizados de la actividad inspectora el carácter de agentes de la autoridad.
Todos los particulares y organizaciones interesados en consultar el texto de este anteproyecto y realizar sus aportaciones pueden hacerlo a través del Portal de Transparencia de la Comunidad de Madrid.
