El PSOE pide un cambio de modelo de gestión de Madrid Calle 30 “que sea menos lesivo para las arcas”

  • Hoy se ha celebrado la última de las sesiones de la comisión de investigación sobre la M-30, en la que han comparecido el subdirector general de Gestión Económica-Administrativa, el consejero apoderado de Madrid Calle 30, el presidente del comité de EMESA y la que fue en su día la directora general de Sector Público.
  • La portavoz socialista en la comisión, Mercedes González, ha subrayado la ausencia de los responsables políticos del PP.
  • Con los datos aportados por los comparecientes, los grupos elaborarán un dictamen que estará previsiblemente finalizado para finales de noviembre.
  • González confía en que el dictamen de la comisión conduzca a “que la mayoría de los grupos apoyemos un cambio de modelo que sea menos lesivo para los madrileños”.

La comparecencias de la comisión de investigación sobre Madrid Calle 30 han finalizado hoy con las aportaciones del subdirector general de Gestión Económica-Administrativa, el consejero apoderado de Madrid Calle 30, el presidente del comité de EMESA y la que fue en su día la directora general de Sector Público.

Todos ellos -ha explicado Mercedes González, portavoz del PSOE en esta comisión- han aportado datos “muy reveladores sobre la seguridad de la vía y sobre el modelo de gestión”. La concejala también ha puesto el énfasis en la ausencia de los responsables políticos del Partido Popular en el periodo investigado, “que no han querido venir a explicar por qué eligieron ese modelo de gestión y por qué decidieron hacer las obras, que luego fueron declaradas nulas, de ese modo”.

Ahora llega el periodo de estudio de las aportaciones y la elaboración de las conclusiones, que acabarán en un dictamen que previsiblemente se dará a conocer a finales de noviembre. “Confío –ha indicado González- que nos lleve a que la mayoría de grupos apoyemos un cambio de modelo que sea menos lesivo para los intereses de los madrileños”

Documentación incompleta

La primera de las comparecencias de hoy ha sido la de José María Vicent, entonces subdirector general de Gestión Económica-administrativa y firmante del informe que desestima la necesidad de un modificado para el reequilibrio de 2011. A Vicent, Mercedes González le ha preguntado por la diferencia (de unos cien millones de euros) entre la remuneración a Madrid Calle 30 y el coste de la conservación de la vía.

También ha querido saber si Vicent tuvo constancia de que faltaba documentación en el expediente. Por su parte, el subdirector general ha defendido que “no estar foliados no significa que no estén” y que  hasta 2016 no tuvo “constancia de que nadie reclamase ningún papel de un expediente que es el más visto de los que manejo”, ha indicado.

González ha insistido en que las modificaciones cambiaron sustancialmente el contrato. “El problema es que la tabla con los importes no desglosa la parte de inversión que asume el Ayuntamiento de Madrid. Por ejemplo en 2015 la tabla contempla 196 millones de euros, cuando la aportación a Madrid Calle 30 sería sólo de 128 millones para gasto corriente y los 68 restantes serían para la dotación de la cuenta de reposiciones del Ayuntamiento”, ha resaltado.

Sin suficientes bomberos en los túneles

También ha comparecido Samuel Romero Aporta, Consejero Apoderado de Madrid Calle 30, a quien la concejala González ha preguntado, entre otras cuestiones, por los modificados de obras que no se ejecutaron -que han supuesto un desfase presupuestario que alcanza los 189 millones de euros- y por las condiciones de seguridad actuales de la vía. “En otras comparecencias se ha afirmado que tiene carencias de seguridad”, ha alertado la socialista.

González ha advertido de la falta de agentes de intervención en los túneles –los bomberos de la M-30, coloquialmente- tal y como mencionó el director de seguridad de la infraestructura en la sesión anterior y ha subrayado que no se están cumpliendo las condiciones contractuales de cuatro bomberos por base, un aspecto ratificado por el consejero apoderado:”Eso no se da a día de hoy”, ha dicho.

La edil socialista también se ha detenido en el rendimiento económico de Madrid Calle 30. “La consecuencia será que de aquí al 2025, (año en que está prevista la salida del socio privado), con los datos del informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas, los madrileños abonaremos 500 millones de euros más de los que deberíamos pagar”, ha lamentado.

Menos personal, peor formado

Por otro lado, el concejal socialista Ramón Silva ha puesto en cuestión el cumplimiento de las condiciones contractuales referidas a los agentes de intervención en los túneles. El presidente del Comité de Empresa de EMESA, Miguel Ángel del Canto –tercero de los comparecientes- ha señalado que ejerce como agente de intervención, tal y como lo regula un acuerdo interno de la empresa, aunque su categoría profesional es de oficial de primera.

Un servicio de bomberos “encubierto” y una situación laboral que el sindicalista ha reconocido a Silva que no ha mejorado con el gobierno de Ahora Madrid. Asimismo, ha indicado que constantemente y desde hace años el comité de empresa está reclamando a EMESA la mejora de las condiciones laborales, tal y como consta en las actas del comité.

“Hay departamentos que tienen una reducción de personal del 50%”, ha alertado del Canto, que también ha indicado que los nuevos agentes no tienen la formación adecuada. “Los tiempos de respuesta son vitales –ha subrayado por su parte Silva- pero lo que queda claro es con estos recortes de personal y de formación, algunos tramos de la M-30 tienen un riesgo potencial”, ha finalizado.

Primaron los intereses privados

Marta Fernández Pirla, Directora General del Sector Público y miembro del Consejo de Administración de Madrid Calle 30 SA desde 2013 a 2016, ha sido la última compareciente de la sesión. A ella, la portavoz socialista en la Comisión de Investigación le ha recordado que, según el Informe de Fiscalización de la Cámara de Cuentas, el cambio de empresa municipal a mixta “no fue acompañado de los necesarios estudios (…) ni tampoco sobre las posibles ventajas de este modelo de gestión sobre otras alternativas”.

Entre otras funciones, la Dirección General de Sector Público y Política Financiera se dedica a analizar, formular y tramitar las propuestas referentes tanto a la forma de gestión como al régimen económico-financiero de los servicios públicos municipales y a emitir informe preceptivo en diversas actuaciones de los organismos públicos. “Sin embargo –ha puntualizado González- no conocemos que se hicieran esos informes preceptivos”.

González ha explicado que no existe ningún riesgo de explotación ni de demanda de utilización para el socio privado, “por lo que entendemos que la gestión indirecta no fue la elección más beneficiosa para las arcas municipales y para los madrileños. Debió primar la buena administración de los fondos públicos y no los intereses de las empresas privadas”, ha finalizado.

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