Un nuevo paso para que la Comunidad Autónoma de Madrid disponga de una ley que garantice a todos los madrileños y madrileñas el derecho a la vivienda y a disfrutar de unos suministros energéticos básicos. A primera hora de la tarde de ayer, la Mesa de la Asamblea de Madrid ha validado las firmas recogidas por las organizaciones promotoras de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) por el derecho a la vivienda, certificando que han logrado superar con creces las 50.000 adhesiones que establece la ley para que este tipo de propuestas ciudadanas puedan ser debatidas en la cámara regional.
El pasado 26 de mayo, 77 días después del inicio de la recogida de firmas, la Coordinadora de Vivienda (formada por la PAH y los grupos de vivienda del 15M), la FRAVM y la Asociación Libre de Abogados (ALA), los tres grupos impulsores de la ILP, entregaron en la Asamblea 76.773 adhesiones, las mismas que la mesa de la cámara ha dado por buenas, un requisito imprescindible para que el parlamento autonómico tramite la ley.
La alegría era palpable en los rostros de los delegados y delegadas de estas organizaciones que han asistido este lunes al acto de certificación de las adhesiones. “Estamos muy satisfechos porque hemos pasado el primer filtro para la tramitación de la ILP, lo que demuestra que se ha hecho un excelente trabajo, un trabajo muy serio de difusión de la iniciativa y de recogida de apoyos”, ha indicado Quique Villalobos, presidente de la FRAVM, al término de la sesión de recuento. “Además – ha continuado- tenemos que ver con satisfacción la buena acogida con que los grupos políticos han recibido una propuesta que viene de la ciudadanía, mostrando un respeto pulcro por un proceso tan democrático como es el de la ILP”.
Tras la validación de las firmas, la siguiente etapa del proceso oficial de la ILP no llegará hasta el reinicio del periodo de sesiones, que tendrá lugar en la segunda quincena de septiembre. Entonces, un grupo político de la Asamblea de Madrid deberá llevarla al pleno con objeto de votar si pasa a tramitarse como proyecto de ley o su camino termina ahí. La Coordinadora de Vivienda, la FRAVM y la PAH deberán ahora mantener encuentros con todos los partidos con representación para preparar este nuevo paso y que su ley, concebida para “salvar vidas y familias”, pueda ser tramitada y votada, con las enmiendas que sin duda presentarán aquellos.
“77.000 firmas timbradas en 77 días son más que una encuesta”, ha subrayado Alejandra Jacinto, portavoz de la Campaña de la ILP y abogada de la PAH, antes de recordar que “cada día sin la ILP se traduce en 20 desahucios y 140 suministros básicos cortados en la Comunidad de Madrid”. “Es evidente la necesidad de legislar socialmente la vivienda e incomprensible que partidos como Ciudadanos aún no se hayan posicionado claramente a favor de que la ILP pueda ser debatida en el parlamento regional, como sí han hecho hasta el momento PSOE y Podemos, a sabiendas de que después podrán presentar enmiendas”.
El apoyo a la ILP que plantea prohibir los desahucios sin alternativa de vivienda y los cortes de suministros cada vez es más grande en la Región, como muestra el hecho de que diversas juntas de distrito de Madrid y ayuntamientos como Aranjuez, Parla, Valdemoro, San Fernando de Henares, Leganés y Móstoles, entre otros, han aprobado en las últimas semanas mociones de apoyo a la iniciativa ciudadana.
Por otro lado, las organizaciones promotoras de la Iniciativa Legislativa Popular continúan su campaña de micromecenazgo (en https://www.goteo.org/project/iniciativa-legislativa-popular-derecho-vivienda) con objeto de poder hacer frente a los gastos derivados del proceso, que ascienden a más de 9.000 euros. Tienen 29 días para lograr esta cantidad, y de momento han recaudado 3.636 euros.
Por último, este martes organizan un encuentro con numerosos colectivos sociales y sindicales con el fin de involucrar al mayor número de entidades y personas en la segunda parte de la campaña de la ILP de vivienda, que arrancará tras el verano y determinará el futuro de una ley hecha desde abajo, a partir de las necesidades de los colectivos más vulnerables de la Región madrileña.
