La Comunidad de Madrid presenta un Plan de Choque de 7 millones de euros para las sedes judiciales en 2017

La Comunidad de Madrid va a poner en marcha, con una inversión de 7,05 millones de euros, casi cuatro veces más que la partida de 2016, un Plan de Choque para las infraestructuras judiciales de la Región en 2017. Las medidas de mantenimiento, mejora y reforma en las sedes, las relacionadas con seguridad y la reubicación de las sedes judiciales que se encuentran en peor estado o con necesidades significativas de espacio, son los ejes del plan.




El consejero de Presidencia, Justicia y Portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, ha detallado este viernes, en rueda de prensa, la primera fase de este Plan, que atenderá las necesidades de las sedes judiciales consideradas más urgentes y que puedan adjudicarse y ejecutarse en un plazo de seis meses. Se prevé acometer más de 100 actuaciones, que beneficiarán a todos los partidos judiciales.

En esta primera fase se van a invertir 1,85 millones de euros, el 100% de lo que permiten los Presupuestos regionales prorrogados actualmente en vigor. El resto de las inversiones del plan de choque se podrán acometer un vez se aprueben los Presupuestos de 2017. “Las actuaciones del plan de choque forman parte de un Plan Integral para la Justicia, que incluirá medidas adicionales a medio y largo plazo y que se debatirá en los próximos meses en la mesa técnica de la Justicia, que se constituye el próximo lunes”, ha puntualizado el consejero.

Según ha avanzado Garrido, la primera fase del Plan de Choque se va a centrar en medidas de adecuación en materia contraincendios y de evacuación. la subsanación de deficiencias detectadas en instalaciones eléctricas y centros de transformación, la reforma o reparación de las instalaciones de climatización y la reparación de ascensores. También se va a pintar las sedes; así como a realizar mejoras en la ventilación y las instalaciones de iluminación.




Madrid capital y periferia
En Madrid capital, estas medidas se llevarán a cabo en sedes judiciales como las de Plaza Castilla, la Audiencia Provincial (tanto en la sección Civil como en la Penal), en los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo, de lo Mercantil o en los de Violencia sobre la Mujer, entre otras. En Madrid periferia están previstas actuaciones en las sedes de Alcalá de Henares, Alcobendas, Alcorcón, Aranjuez, Arganda del Rey, Collado Villalba, Fuenlabrada, Getafe, Leganés, Majadahonda, Móstoles, Navalcarnero, Parla, Pozuelo, San Lorenzo de El Escorial, Torrejón de Ardoz o Valdemoro, entre otras.

Garrido ha apuntado que, dentro del segundo eje del Plan de Choque, el de la seguridad de las personas, las medidas que se van a adoptar van a estar centradas en los planes de emergencia y autoprotección de las 71 sedes judiciales existentes en la Región.

Reubicación de sedes
“El tercer eje de esta primera fase de actuaciones del plan de choque consiste en dejar sentadas las bases para el traslado de aquellas sedes que sea necesario”, ha explicado Garrido, que ha recordado que los edificios más representativos de la Administración de Justicia se construyeron o fueron adaptados para su uso hace más de dos décadas, por lo que no cumplen en ocasiones con las necesidades actuales de la Justicia. “Estamos trabajando con el objetivo de llevar a cabo una renovación paulatina y programada de las sedes, aun tratándose de una intervención costosa”, ha indicado el consejero.




Renovación programada
Dentro de esta renovación programada se incluye la agrupación de las sedes judiciales de Móstoles y Torrejón, creando en ambos partidos judiciales un único edificio que aglutine los distintos órdenes jurisdiccionales.

En Madrid capital, en los próximos meses también se va a sentar las bases para la reubicación de sedes con la creación de un núcleo Penal en una única zona de la ciudad, manteniendo además la sede de Plaza de Castilla; la agrupación de las secciones de lo Civil y de lo Penal de la Audiencia Provincial; la de los juzgados de Primera Instancia; y la reubicación de las secciones de la Fiscalía que tienen una peor situación.

 

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